Jairo Alonso Mesa Guerra es desde hace dos meses el Superintendente de Notariado y Registro, en calidad de encargado, tras la renuncia de Jorge Enrique Vélez.
El funcionario es un experto con más de quince años de trayectoria en los temas de la entidad. Incluso, en los últimos siete años fue Delegado de Tierras de la Superintendencia.
A partir del próximo 7 de julio, en virtud de la 'Ley de Vivienda Segura' o 'Ley Anti-Space -Ley 1796/2016-, la superintendencia asumirá competencias de inspección, vigilancia y control de las Curadurías urbanas, para evitar tragedias como el Space en Medellín, o el edificio Blas de Lezo en Cartagena.
- ¿Cuál es el papel de la Superintendencia en las Curadurías?
La Ley de Vivienda Segura le asignó a la Superintendencia el papel de inspeccionar, vigilar y controlar las Curadurías, así como el de adelantar un concurso para la elección de Curadores. Estamos revisando el modelo actual para mirar como ejercemos ese sistema a partir del 7 de julio, que es cuando tendremos esas competencias. Además se va a crear una tasa de vigilancia que tienen que pagar las Curadurías y la creación de un fondo especial para la promoción de las mismas Curadurías.
Estamos proponiendo un modelo que sea en línea: que cada vez que se expida una licencia quede publicada en una plataforma o que la Superintendencia tenga conocimiento de ella para que no ocurra lo de Cartagena.
- O sea, les van a poner control a las Curadurías…
Las Curadurías tienen hoy un control ejercido por los municipios. Lo que queremos es ponerles control desde una Superintendencia que tiene más instrumentos, más funcionarios, más experiencia y además las bases de datos. Así como ejercemos control y vigilancia en los notarios y operadores catastrales y ahora será con los Curadores.
- ¿Y esa función ya está creada?
Sí, en la Ley de Vivienda Segura que se expidió luego de la tragedia del Edificio Space en Medellín. Lo de Cartagena es mucho más grave, porque la licencia era falsa y los constructores eran piratas.
- ¿En Cartagena se expidieron escrituras de ese edificio con licencia falsa?
Eso es lo que estamos averiguando. El trámite es el siguiente: se expide una licencia, se hace escritura pública, luego el reglamento de propiedad horizontal, se lleva a Registro, luego a Catastro y después se abren las cédulas. Lo que queremos es que todo el trámite se haga en línea, que los inspectores de Catastro sepan qué es lo que se está construyendo. El problema es que hay mucha licencia que se expide pero no llega a escritura pública, porque nunca se desarrolló el proyecto. También hay casos de licencias para construir 30 apartamentos, pero en realidad se construyen 40 o más.
- ¿Qué responsabilidad tiene la Alcaldía de Cartagena en la tragedia del Blas de Lezo?
Primero hay que verificar si en verdad la licencia era falsa, si es así hay que preguntar dónde estaban los inspectores que verifican las obras. Y si hay funcionarios de la Alcaldía que tuvieron que ver con una construcción tan grande como esa. Es que los Curadores expiden la licencia pero ellos no son los responsables de verificar la obra, lo debe hacer Planeación Municipal.
- ¿La Supernotariado no puede investigar ese caso?
Hoy no, solo lo pueden hacer el Ministerio Público y la Fiscalía, pero desde el 7 de julio nosotros tendremos esa competencia. Aquí vamos a crear una Delegada para Curadores y asumiremos esas competencias. Eso se hace por Decreto presidencial, las funciones ya están reglamentadas por la Ley de Vivienda Segura.
Nosotros no podemos ir más allá, pero ya empezamos la investigación para ver si esos apartamentos tenían licencia, si hay notarios que se prestaron para venderles a incautos, etc., y si en la Oficina de Registro también hubo alguna irregularidad.
- ¿Entonces qué va a pasar desde el 7 de julio…?
Voy a coger un modelo de inspección, vigilancia y control, Curaduría. Los curadores tienen un período fijo de cinco años, pero hay casos como el de Medellín que tiene cuatro Curadurías, y hay una señora que está encargada de tres, eso no puede ser.
Lo otro es poner en línea directa con la Superintendencia a todas las Curadurías del país.
- ¿De ese tamaño es el desorden en las Curadurías?
Más que desorden lo que falta es un modelo unificado de gestión. Cada municipio tiene su modelo, sus reglas de gestión, cada municipio es una colcha de retazos en cuanto a licencias de construcción.
- ¿Entonces quién controla los millonarios ingresos de las Curadurías?
Lo que pasa es que no están bien controladas, no hay un régimen sancionatorio, es el caso del Space: el señor (Curador) siguió en su cargo y hasta se ganó otro concurso y tuvieron que posesionarlo porque no hay un régimen disciplinario rápido, eficiente y eficaz.
En esto hay que tener mucho cuidado: si no se toman medidas eficientes y rápidas de control, siguen ocurriendo tragedias como estas. Que los curadores sepan que hay una autoridad que los está vigilando y que cualquier error que cometan en la expedición de licencias lo pagan no solo con su cargo, también con cárcel.
- ¿Cuál es el mensaje para los Curadores?
Que sepan que los estamos vigilando y controlando desde una Superintendencia que tiene uñas y dientes, y que ese poder regional, que en cierta medida han podido manejar, ya no lo tendrán.
También que la Superintendencia expedirá medidas preventivas diciéndoles cómo deben operar a nivel nacional, van a tener que empezar a utilizar papel de seguridad, nuevos requisitos, etc.
- ¿Hay mafia en las Curadurías?
No tengo cómo decir eso, pero sí le garantizo que con el concurso, si hay alguna mafia eso se va a acabar, porque el concurso lo organiza la Universidad Nacional. Hoy ese concurso es local, y en las regiones dicen ‘siempre se lo ganan los mismos’. Eso ya no sucederá más.
- ¿Cuántos Curadores hay que proveer?
Eso depende del Ministerio de Vivienda. Hoy hay 70 Curadores en todo el país. Lo que pasa es que cuando el ‘boom’ de la construcción está en auge a los Curadores les va bien, pero las ciudades van llegando a un tope de crecimiento, entonces tampoco es que sea un negocio muy atractivo en el largo plazo.
- ¿Cuánto le aportan los curadores al fisco nacional?
No sé, lo que se va es cobrar una tasa para que la Superintendencia pueda sufragar los gastos de la nueva Delegatura, pero no implica subir las tarifas.
- ¿Cuántas obras hay en el país sin licencias legales?
Ese dato es imposible porque no hemos asumido funciones. Eso lo hacen hoy los inspectores de las Oficinas de Planeación Municipal. Después del 7 de julio tendremos toda esa información en línea. Por ejemplo, el certificado de Tradición y Libertad, que hoy son varias hojas, va a ser una sola en papel de seguridad, con un microchip y al respaldo el mapa de ubicación con el predio. Ahí dirá el nombre del propietario, número de escritura, número de licencia, de qué curaduría, etc.
LEY DE TIERRAS
- ¿Cómo ha visto la polémica por el proyecto de ley de tierras?
Solo conozco un borrador, pero lo cierto es que a la Superintendencia no la han tenido en cuenta. En Colombia hay dos temas importantes en materia de tierras: legalizar y formalizar a particulares lo que es del Estado en el tema de baldíos, y el saneamiento de la propiedad privada en el que hay que respetar el derecho de quienes lo tienen.
- ¿Del borrador que conoce, cuál es su principal reparo?
Hay que coger la Ley 160/94, que es una ley muy buena, y mirar qué se puede reglamentar. De lo que he visto de ese borrado, la mayor parte ya está en la Ley 160. Lo que pasa es que ese proyecto no se ha sabido explicar a la comunidad.
- ¿Por qué?
El Estado no puede renunciar a su función de distribución de la tierra; segundo, la distribución se compra o en algunos casos por expropiación; tercero, el Estado tiene que combatir la concentración, pero aquí confunden concentración con acumulación.
- ¿Cuál es la diferencia?
La concentración es para fines productivos, la acumulación es de lo que acusan al expresidente Álvaro Uribe: que está acumulando un predio de 131 hectáreas en un terreno de 1500 hectáreas.
La concentración es cuando hay predios de gran magnitud que afectan el desarrollo de una zona y no son productivos. Otra cosa es que quieren hacer ver que los grandes empresarios acumulan y lo ven como un modelo de concentración.
- O sea, ¿el comunicado de la Contraloría es un 'refrito'?
Yo pregunto: ¿Cuándo se volvió delito la acumulación, por qué le están pidiendo a la Fiscalía que investigue cuando la Ley 160 dice que simplemente es un tema de nulidad de escrituras, no de investigación penal? A menos que la Contraloría crea que ahí hubo un despojo, eso sí es delito, pero el comunicado no lo dice. Esta Superintendencia lo repite: en Colombia se respeta la propiedad privada.
- ¿Entonces por qué la Contraloría saca ese comunicado?
No sé por qué, y justo ahora cuando se debate un proyecto de ley de tierras. Lo curioso es que no se abrió investigación fiscal sino que pidió una investigación penal. Tampoco entiendo por qué mencionan que la acumulación la hacen familiares del Ministro Fulano de Tal y en otros casos sí mencionan a personas con número de cédula.
Lastimosamente en este país hizo carrera el delito de la amistad, del parentesco, el delito de sangre.
- ¿El proyecto de ley de tierras es necesario en este momento?
Colombia necesita un proyecto de ley de tierras para resolver algunos problemas de la ley 160, que es muy buena, pero se hizo en otro momento y en otro contexto.
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