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Suerte del plebiscito por la paz en la Corte se conocería en dos meses

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Un plazo de 30 días hábiles a partir de mañana tiene el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva para presentar ante sus compañeros de la Corte Constitucional su ponencia sobre el plebiscito por la paz, que este jueves tuvo su primera prueba de fuego con una audiencia pública en donde quedaron fijadas las posturas del Gobierno, organizaciones, organismos de control y la oposición sobre este mecanismo pensado para refrendar el Acuerdo de Paz que se firme con las FARC en La Habana.

En una extensa jornada en el Palacio de Justicia, quedó claro que las voces a favor del plebiscito por la paz son mayoritarias, aunque con algunos reparos que no serían suficientes para ‘tumbarlo’. De hecho, las solicitudes le piden a la Corte que subsane algunos temas y profiera una sentencia interpretativa. Para esto, una vez presentada la ponencia, la Sala tiene 30 días hábiles para fallar el asunto.

En su intervención, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, señaló que sabe que no necesita refrendar la paz legalmente, pero recordó que lo hará porque tiene el interés de “entregarle al pueblo la paz”, posición que fue apoyada por todos los intervinientes, incluso por la Procuraduría y el Centro Democrático, quienes creen que la refrendación es absolutamente necesaria, aunque no están de acuerdo con el mecanismo para esto.

En su criterio, lo que se debe hacer es un referéndum que permita a los colombianos dar su opinión sobre cada uno de los puntos del acuerdo de paz. Para Paloma Valencia, además, deben fijarse unas 12 preguntas que establezcan toda una línea de renegociación en La Habana. Esta fue la postura más radical escuchada por la Corte.

El que abiertamente considera que no debe haber refrendación es el fiscal Jorge Perdomo, quien considera que ese derecho no puede depender de las mayorías. Su posición pide tumbar el plebiscito, por estimar que el mecanismo termina afectando lo que tradicionalmente se ha entendido por un plebiscito y que es usado para consultar la postura de una política determinada y que en este caso terminaría afectando la Constitución, las Instituciones, la ley, el Congreso. Además, estima que todo este proceso terminaría limitando las facultades del Presidente para elaborar la política de paz.

No obstante, el Gobierno señaló que esta ley tiene un carácter especial con el único propósito de configurar el Plebiscito Especial para refrendar la Paz y no para todos los posibles plebiscitos que a futuro se puedan realizar en el país.

Uno de los puntos más discutidos tiene que ver la disminución del umbral al 13 % del censo electoral para que pueda ser aprobado el Plebiscito. En ese sentido, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo a la Corte "que se tomó la decisión de modificar el concepto de umbral para pasar al concepto de umbral de decisión para que sea válida".

"Y por eso fue que en vez del 25 % se avanzó en un 13 % de voto a favor del Sí. Si se da vía libre por la Corte, tendrá que ser más del 13 %, un poco más del 4.5 millones, no los que participen sino los que le digan Sí", explicó Cristo, al agregar que consideran que este umbral va a promover una participación masiva.

Este debate es uno de los más densos porque tal y como quedó el umbral, ya no es viable promover la abstención activa, es decir, la estrategia de decidir no salir a participar puesto que quienes quieran promover el NO, tendrán que hacerlo acudiendo a las urnas a votar.

"El problema es que los umbrales de participación estimulan la abstención y eso no sucede con los aprobatorios, porque el umbral se cuenta solo en relación con los votos aprobados y por eso quienes apoyan el voto negativo tendrían que ir a votar", explicó el experto constitucionalista Rodrigo Uprimny.

Otro asunto trascendental que poco se ha discutido hasta el momento tiene que ver con la forma como se divulgarán los acuerdos de paz, ya que la Ley fija un espacio de cinco minutos en medios de comunicación, tanto oficiales como privados, para emitir una síntesis de los mismos que será elaborada por el Gobierno Nacional.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa esto necesita una interpretación de la Corte para que se utilice un lenguaje neutral, informativo, sin adjetivos, aunque no precisó si está en desacuerdo con que esa síntesis la haga el Gobierno. Quien sí está en desacuerdo con eso es la Procuraduría General de la Nación, quien propuso a la Corte que sea la Registraduría la que haga la difusión. En contra parte, la senadora Valencia estimó que se debe garantizar recursos para la campaña por el NO y por la abstención.

Como episodio a resaltar en el trámite de la audiencia está la presencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt a la misma y que fue este quien tomó la vocería para hacer preguntas al Gobierno. De hecho, se saludó de mano con el presidente Santos, quien ha dicho varias veces que este debería apartarse de su cargo.

Pretelt, le preguntó al jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, si la paz está por encima de todo. Y este le dijo que era una pregunta difícil de responder, pero resaltó que es un derecho fundamental y un deber del Estado, “pero que no necesariamente resulta incompatible con otros elementos del entramado constitucional de la carta de derechos”.

El negociador se refirió específicamente a la justicia transicional: “Paz no es la exclusión de la justicia -para el Gobierno-, ni la aplicación de la justicia no implica la paz. El Gobierno considera que la justicia en el proceso, que denominamos justicia transicional, pero que es justicia en todo el caso (…) No es una especie de vacaciones a la legalidad para destruirla”.

Y agregó: “La Justicia Transicional no es un sapo, es un instrumento que no imposibilite la paz pero que propenda por el afianzamiento del acuerdo en el Estado de Derecho”. 

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