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Víctimas de ‘falsos positivos’ piden explicaciones en caso del general Montoya

Los abogados de víctimas de ‘falsos positivos’ le solicitaron a la Fiscalía informar la fecha en la que se realizará la imputación de cargos al excomandante del Ejército General (r) Mario Montoya, acusado por presuntamente omitir los controles dentro de la institución en varios casos de ejecuciones extrajudiciales.

La diligencia fue suspendida desde mayo, y según indicaron los abogados Germán Romero y Jorge Molano en su petición, no se conoce si la imputación de cargos sí se realizará, a pesar de que la Fiscalía había hecho oficial el anuncio.

“Solicitamos con urgencia al señor fiscal, a efectos de que sean garantizados los derechos a la verdad a la justicia, a acceder efectivamente a la administración de justicia, a contar con un recurso efectivo, a disponer de las debidas garantías judiciales y desde luego a contar con un debido proceso, se nos informe en calidad de representantes judiciales de víctimas acreditados en la investigación, la fecha en la que se solicitará al Tribunal de Bogotá, la audiencia”, señala el documento presentado ante el despacho del fiscal Tercero Delegado Ante La Corte Suprema de Justicia.

Según la Fiscalía, el general en retiro presuntamente no tuvo en cuenta las recomendaciones de diferentes entidades que advertían sobre la práctica de ‘falsos positivos’ dentro de la institución. Razón por la cual el ente investigador había solicitado la imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá.

“Con el material recaudado en la investigación se ha podido establecer que el general Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando a través de las quejas, denuncias y alertas que se venían instaurando por familiares de las víctimas, organismos estatales y no gubernamentales de defensa y promoción de derechos humanos”, señala un documento de la Fiscalía frente a los hechos referenciados en el periodo entre 2006 a 2008.

De acuerdo el ente investigador, el general en su condición de Comandante del Ejército, debía ser “garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil”. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, el exoficial puso en práctica una política de presión de resultados dentro de la Fuerza Pública, que puso en riesgo a la población. 

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