La revelación de los borradores de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), se hizo con el fin de disipar las críticas de los contradictores y las malas interpretaciones que se venían gestando alrededor del proceso de paz.
Durante más de un año, desde que se firmó el acuerdo sobre la política agraria, el principal crítico ha sido el expresidente y actual Senador Álvaro Uribe Vélez, y sus seguidores del Centro Democrático.
Punto por punto, Uribe y sus seguidores han hecho afirmaciones sobre los acuerdos que, de resultar ciertas, podrían quitarle toda la confianza de la sociedad civil al proceso de paz que se está llevando a cabo en La Habana. Solamente tras revisar las críticas por parte del uribismo y compararlas con los acuerdos punto por punto, se puede saber qué tanta razón hay en ellas.
LAS CRÍTICAS AL PUNTO AGRARIO
Las principales críticas hechas por el senador Álvaro Uribe al primer punto de la agenda que habla sobre la política de desarrollo agrario integral se dan en torno a que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, habría podido implementar esas reformas sin tener que discutirlas con las Farc.
Lo primero que critica Uribe es que el denominado Fondo Nacional de Tierras, que sería conformado por los lotes baldíos del Estado y enriquecido por los terrenos decomisados a la delincuencia, el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares, no era necesario ponerlo sobre la mesa de La Habana.
Uribe asegura que para reparar a los campesinos sin tierras bastaba con hacer uso de la ley de extinción de dominio que según él "fue bastante mejorada por mi gobierno". El expresidente no solo defiende su gestión, sino que también ataca a las Farc diciendo que "están entre los principales despojadores de tierra del país".
Sobre este tema, el acuerdo de paz sí menciona la ley de extinción de dominio citada por el expresidente Uribe y, de hecho, consagra su uso como una de las formas más efectivas de enriquecer el Fondo de Tierras. Sin embargo, el acuerdo también contempla que este fondo sería enriquecido por donaciones de particulares y terrenos abandonados sobre los que el Estado podrá tomar el control.
Sin embargo, Uribe no se detuvo en las criticas con respecto a la aplicación de la ley de extinción de dominio, sino que también criticó fuertemente al presidente Santos por "haber frenado las políticas sociales" que su gobierno había implementado.
El senador Álvaro Uribe asegura que "todos los instrumentos para la inversión en el campo están en la Constitución, están en la Ley" y que este gobierno "es un gobierno 'derrochón' en burocracia, en auxilios parlamentarios, y escaso en políticas sociales". Según él, "para adelantar una gran política social en el campo no hay que negociar con el grupo terrorista de las Farc".
Además de todo esto, el expresidente Uribe siempre ha sido muy crítico con el tema de las Zonas de Reserva Campesina que, para él, "son emporios del terrorismo". En su opinión, las Farc solo buscan esto para tener una zona de dominio, "donde la autoridad no pueda intervenir, para crecer allí desmedidamente".
Sin embargo, al leer el texto del borrador de acuerdo, solo se puede encontrar referencia a la creación de más Zonas de Reserva Campesina (ZRC), como un mecanismo para "delimitar la frontera agrícola y proteger de su expansión a las Zonas de Reserva Forestal" que existen y se conformarán para proteger los recursos hídricos.
En el documento no se puede encontrar ninguna referencia a la modificación de la Ley 160 de 1994 que consagra la creación de las ZRC, por lo que no se puede inferir que estas vayan a multiplicarse o expandirse con la firma de un acuerdo final en La Habana. En cualquier caso, el borrador resalta que siempre que se vaya a crear una "debe ser en acuerdo con la comunidad y en cumplimiento de la ley".
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, afirmó que “no hay claridad en temas como la propiedad privada y las ZRC, las cuales se verían muy afectadas”. Para él, “es evidente que siguen planteando el tema de desconcentración de la propiedad y ejercer dinámicas interregionales, que seguramente generarán afectación a la propiedad privada”.
En este sentido, el presidente de Fedegán hizo un llamado al Gobierno a “cuantificar el proceso de paz”, dadas las ‘exigencias’ del grupo guerrillero. Preocupado por el incremento de los impuestos, Lafaurie dijo que “si ahora tenemos una reforma tributaria sólo para saber cómo cuadramos las finanzas por el descalce de $12,5 billones de pesos y las reacciones del empresariado no se han hecho esperar, imagínese cuando tengan que pagar los inmensos costos del olvido con el sector rural”.
Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Desde que se empezó a negociar el segundo punto de la agenda que habla sobre la participación política igualitaria, el expresidente Uribe ha expresado su rechazo a que "se negocie la institucionalidad democrática con las Farc”. El actual Senador ha manifestado en repetidas ocasiones "que el Gobierno permita a los jefes de las Farc ser elegibles en algún cargo público, pese a ser responsables de crímenes de lesa humanidad".
Tras la lectura del borrador del acuerdo; se puede ver que se generará un movimiento político a partir de la desmovilización de las Farc, el cual surgirá probablemente desde el interior de sus filas y podría ser integrado por algunos de sus excombatientes o por personas que pertenezcan a sus redes de apoyo social.
En el documento de borrador no se aclara si este nuevo movimiento estaría conformado por los jefes responsables de las acciones de la guerrilla o por civiles simpatizantes. El expresidente Uribe critica esto porque teme "que se monten al poder unos criminales sin castigo".
Sin embargo, el tema relacionado con el tipo de justicia que se aplicará a los integrantes de las Farc que dejen sus armas al final del proceso, es algo que no se ha discutido aún. Por esta razón es desconocido si personas como Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', o Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', entrarían de forma inmediata al ejercicio de la política.
Uribe también critica el hecho de que aún no está claro si al firmar el acuerdo final, las Farc entregarán las armas o simplemente las dejarán. Para él, "que las Farc se nieguen a hacer entrega de las armas, es una amenaza constante contra la democracia".
Esto lo dice a pesar de que el punto tres de la agenda de conversaciones que habla sobre la dejación de armas no se ha discutido y no se ha dado a conocer algo concreto sobre cómo se llevará a cabo este delicado asunto.
El senador Uribe también ha criticado que se hayan discutido en La Habana las normas de la oposición política y aseguró que su gobierno "siempre ha sido garantista del pluralismo político en la democracia colombiana".
Tras una revisión al documento, se puede apreciar que lo que se acuerda en el borrador publicado son las bases para garantizar una política de inclusión y respeto a la oposición que, si bien ya están consagradas en la Constitución y la Ley, las cifras han demostrado que no se aplican con todo rigor en el país.
SOBRE LAS DROGAS ILÍCITAS
El principal desacuerdo manifestado por el uribismo con respecto al acuerdo sobre el cuarto punto de la agenda que habla sobre las drogas ilícitas, se basa en que "no se puede discutir la política colombiana antidrogas con el principal cartel de droga en el mundo", como según el excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, lo aseguró.
Sobre este tema también opinó el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien afirmó públicamente que “ese acuerdo sobre las drogas da la impresión de convertirse, más bien, en una gigantesca operación de lavado de activos, en la que millones de dólares quedarán legalizados”.
Ordóñez justificó su aseveración diciendo que en los acuerdos logrados no se haya establecido que la guerrilla “vaya a entregar los dineros producto del narcotráfico, de sus bienes, de los miles de hectáreas y de sus inversiones financieras”.
Es cierto que en ningún punto del acuerdo se menciona que las Farc vayan a entregar los recursos que han acumulado a través de sus actividades económicas, incluyendo el tráfico de drogas. Sin embargo, este es un punto que debe ser discutido, una vez se comience a hablar de manera específica sobre la reparación a las víctimas, que hace parte del quinto punto de la agenda, que se está abordando en la actualidad.
El jefe del Ministerio Público también señaló que el documento del acuerdo sobre las drogas, se habla de la “utilización ilícita” de ellas. Para Ordoñez lo que esto implica es que “estamos ante una inminente legalización del cultivo, porque lo que aparentemente debería ser combatida es utilización ilícita”.
Sin embargo, en el borrador del acuerdo se establece claramente que los cultivos de coca, marihuana y amapola serán sustituidos de forma “concertada y paulatina” y que solamente se permitirá su uso a las comunidades indígenas en los rituales que les son propios.
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