En los últimos 11 años cerca de 56 mil miembros de grupos armados al margen de la ley se han desmovilizado, de esta cifra quienes siguen el camino de la reintegración cuentan con el apoyo de varias entidades gubernamentales que trabajan por darle una segunda oportunidad a todos aquellos que abandonan la guerra para construir paz.
El proceso de reintegración dura en promedio seis años y medio, tiempo en el que las personas desmovilizadas buscan alcanzar metas como la estabilidad personal, familiar, educativa y laboral.
Este último propósito es uno de los mayores desafíos que tiene la población desmovilizada ya que según el último balance de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 7.607 personas en proceso de reintegración se encuentran trabajando en el sector formal y 15.649 en el informal.
Para Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, la falta de oportunidades laborales para esta población, se debe a que persiste la discriminación de la sociedad hacia estas personas que ingresaron a las filas de la insurgencia en medio del conflicto armado.
Aun así un estudio presentado por la fundación Ideas para la Paz, revela que el 76 % de los desmovilizados permanecen en la legalidad luego de haber completado el proceso. En ese sentido la ACR y 5 entidades más orientadas al mismo objetivo, hacen un llamado a la reconciliación con los desmovilizados.
"Estamos recuperando a aquellos colombianos que no tuvieron los beneficios que nosotros, de aquellos hombres y mujeres que fueron reclutados desde los nueve años, fijémonos en eso, somos constructores de paz cuando desarmamos el corazón", señaló Sandra Gutiérrez, representante del sector empresarial y Líder de víctimas que contrata a personas en proceso de reintegración.
LAS CIFRAS DEL CONFLICTO
En Colombia hasta febrero de 2014 se han desmovilizado 56.197 personas, entre desmovilizados individuales de las FARC, el ELN, el ERG, el EPL, el ERP, así como la desmovilización colectiva de las AUC. Dentro de esta cifra el Gobierno atiende a 30.692 participantes, 84,06% son hombres (25.800) y el 15,94% mujeres (4.892).
Del total de las personas que acuden voluntariamente al proceso, 30.404 han recibido atención psicosocial como principal preocupación, seguido por consultas en educación, formación para el trabajo e intervenciones comunitarias. Un 86% de esta población, se encuentra entre los 26 a 50 años.
Antioquia es el departamento en donde más se registran participantes en el proceso de reintegración con cerca de 6.314 personas, seguido por los departamentos de Cesar con 2.030, Córdoba con 1.935 y Magdalena con 1.342.
EDUCACIÓN
Cuando un colombiano llega a las filas de la ilegalidad pierde muchos beneficios entre ellos el acceso a la educación. Durante el 2013 cerca 7.659 desmovilizados superaron el analfabetismo mientras que 20.931 aprobaron básica primaria, 6.562 secundaria y 10.785 se convirtieron en bachilleres.
El acceso a la educación superior continúa siendo un reto pues tan solo el 18,4% llegaron a la formación universitaria, 80,85% al campo tecnológico y 0,75% a técnico profesional.
TRABAJO
Luego de haber recibido la formación necesaria y haber cumplido con requerimientos del proceso, como la prestación de 80 horas de servicio comunitario, 18.010 desmovilizados accedieron a recursos para formación laboral. Más del 22% de esa cantidad cuenta hoy con un negocio propio en funcionamiento.
POBREZA
Las cifras de la Agencia Colombiana para la Reintegración reportan que el 15,56% de la población ahora cuenta con vivienda propia, el 22% con una familiar y 73% se encuentran afiliados a planes de ahorro. De este porcentaje casi la mitad cuenta con servicios básicos.
SALUD
El Sistema General de Seguridad Social recibió al 94,64% de esta población, el 32% se encuentra en el régimen contributivo. Asimismo el Gobierno fortaleció la atención orientada a la salud mental para el tratamiento del estrés postraumático en los casos necesarios.
EL DATO
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz revela que una persona desmovilizada en proceso de reintegración cuesta al año la tercera parte de lo que cuesta un preso en Colombia, es decir 4 millones de pesos al año contra 13 millones anuales.
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