Cinco personas capturadas, entre ellas un funcionario de la Gobernación de Amazonas, dejó como resultado una operación para neutralizar a una banda criminal dedicada a quedarse con el dinero que el Gobierno Nacional gira para las comunidades indígenas de este departamento.
La acción de la Fiscalía permitió la captura de Horacio de Jesús Ahuanari Serafín, funcionario de la oficina de Planeación del municipio de Leticia; Carlos Alberto Gaitán Cuéllar, extesorero de la Alcaldía de Leticia; Jorge Enrique Ahuanari Coello, ex Representante Legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (Acitam); Harold David Jiménez Muralla, docente y excuraca de la comunidad indígena de Santa Sofía, y Demetrio Do Santos, un comerciante de la región.
El desfalco a los pueblos indígenas se dio a través de la firma de los convenios interadministrativos, en los cuales los capturados habrían sustraído a través de una artimaña financiera el dinero que el Gobierno Nacional destina para las comunidades nativas del departamento mediante el Sistema General de Participaciones (SGP).
Los afectados directamente son las comunidades y resguardos indígenas en la jurisdicción de Leticia. De allí, los delincuentes alcanzaron a apropiarse de 337 millones de pesos solamente en tres meses.
En el mecanismo de apropiación ilícita de los dineros, funcionarios de la Alcaldía, aprovechando cargos de Tesorero y de apoyo en la Secretaría de Planeación e Infraestructura, giraban dinero de las cuentas bancarias de las asociaciones indígenas de Leticia y desde estas, a través de transacciones electrónicas, llegaban como último destino a las cuentas corrientes de Do Santos, quien no tiene ningún vínculo con las comunidades indígenas.
Durante las audiencias preliminares, un juez, con función de control de garantías, legalizó las capturas, recibió la imputación por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Los detenidos no aceptaron los cargos.
Asimismo, el juez impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria a Jorge Enrique y Horacio de Jesús; sin embargo, a pesar de lo presentado por la Fiscalía, el juzgado determinó que los otros tres imputados no son merecedores de una medida de aseguramiento. La Fiscalía apeló esta decisión.
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