Tras la polémica que generó el cierre nocturno de la frontera de Colombia con Venezuela, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, aclaró que fue una medida unilateral tomada por el país vecino y que ésta no ayuda a la integración.
“Ellos lo que han dicho es que quieren mirar durante un mes cómo es el comportamiento del contrabando (…) no nos parece que el cierre de la frontera sea la medida que va a controlar el contrabando, se deben tomar medidas internas del Gobierno de Venezuela en operación conjunta con las fuerzas armadas”, explicó Holguín.
En ese sentido aclaró que el cierre fronterizo no fue uno de los puntos acordados durante la reunión bilateral que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos con su homólogo Venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 1 de agosto en Cartagena.
Durante ese encuentro Maduro anunció que en los próximos meses se activará un plan de choque que atacará las estructuras del contrabando y aquellas mafias que se benefician de la ilegalidad. Para este fin se acordó establecer centros de comando y control conjuntos encargados de combatir con mayor eficacia esa actividad ilegal.
Para este fin, el mandatario venezolano designó al jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas, general Vladimir Padrino López, como Coordinador de este Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando.
Y aunque muchas han sido las críticas de transportadores colombianos que alegan pérdidas económicas como consecuencia del cierre nocturno, la Canciller asegura que “el comercio legal no se ve afectado por el cierre de la frontera”.
Otro tema que destacó, fue el restablecimiento del comercio de alimentos subsidiados para la población wayúu, en la alta Guajira, que afronta una crisis ambiental por la sequía atípica que se presenta durante este periodo del año.
El ingreso de alimentos subsidiados del vecino país se había terminado por el contrabando de esos productos hacia el interior del país. Holguín dijo que los casi 200 mil indígenas que habitan la zona necesitan 400 toneladas de comida al mes, pero por actividades ilegales ingresan casi 5 mil toneladas.
“Venezuela tiene disponibles 200 toneladas por semana, ya hemos hecho un censo de dónde se encuentran las familias y las personas y una lista de los transportistas que los indígenas utilizan para traer la carga desde territorio venezolano”, explicó.
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