Hasta mañana jueves tiene plazo el Estado colombiano de suministrar la información que requirió la Comisión Interamericana de derechos Humanos, con relación al proceso administrativo que terminó en la Procuraduría General de la Nación con la destitución e inhabilidad por 15 años contra el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
La Cidh reclamó mayor información sobre el caso, luego de que el 18 de diciembre pasado Petro solicitara a ese organismo medidas cautelares ante lo que llamó “persecución política” de parte del procurador Alejando Ordóñez Maldonado.
En fallo de primera instancia, como se sabe, el jefe del Ministerio Público destituyó e inhabilitó al Mandatario Distrital tras encontrarlo responsable de tres “faltas gravísimas” relacionadas con la crisis de las basuras en Bogotá que se produjo tras el cambio de modelo de recolección en 2012.
El propio Petro reveló este miércoles en su cuenta de Twitter:
“Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Estado colombiano información sobre el fallo de destitución del alcalde Mayor”.
Efectivamente. En comunicación a la Cancillería colombiana, fechada el 7 de diciembre de 2014 (martes pasado), la secretaria Ejecutiva Adjunta de la Cidh, Elizabeth Abi Mershed, dice: “De conformidad con el artículo 25 (5) del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a Su Excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaria en un plazo de 3 días, contados a partir de la fecha de transmisión de la presente comunicación, las observaciones que considere pertinentes. En particular, sobre: i) la situación actual de los procesos señalados por los solicitantes; ii) los recursos judiciales disponibles al respecto; y iii) su posición sobre la solicitud de medidas cautelares presentadas”.
Fuentes de la Cancillería informaron que ese Ministerio espera responder este jueves 9 de enero la información solicitada a la Cidh.
Respecto de la posición del Gobierno frente a la destitución de Petro, el propio presidente Juan Manuel Santos ha dicho que la obligación del Gobierno es “respetar la institucionalidad”.
“Hay decisiones que competen al Presidente y hay decisiones que competen a los jueces, y deben respetarse sus linderos, sus procedimientos y términos”, dijo el jefe del Estado el pasado 13 de diciembre.
Al proceso disciplinario se agrega la investigación penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por posibles irregularidades en el cambio de modelo de recolección de basuras en la capital del país.
Los recursos de Petro
Por otra parte, el pasado 31 de diciembre el alcalde Petro a través de sus abogados decidió recusar al procurador Alejandro Ordóñez, y se espera que sea definido la semana entrante.
Mientras tanto, seguidores del alcalde de Bogotá preparan para este viernes 10 de enero un concentración masiva –esperan que participen 120 mil personas- en una marcha que partirá desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.
La idea con esta jornada es “ejercer presión social” para evitar que el procurador Ordóñez se pronuncie en segunda instancia frente a la destitución de Petro antes del 2 de marzo.
Justamente, para ese día se tiene prevista la consulta popular aprobada por la Registraduría Distrital en la que se les preguntará a los bogotanos si están o no de acuerdo con la continuidad del mandato del Alcalde Mayor.
Así las cosas, según los expertos, el hecho de que la Cidh hubiera pedido más información sobre los procesos que s ele siguen al burgomaestre capitalino, indican que ese organismo no ha descartado la posibilidad de dictar medidas cautelares en las próximas semanas.
((EL DATO))
La Procuraduría General de la Nación informó que este jueves a medio día entregará a la Cidh la información correspondiente a la destitución e inhabilidad del alcalde Gustavo Petro.
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