La Fiscalía informó este martes la captura de 10 personas en una vasta investigación por el despojo de tierras en Montería y Medellín.
Las capturas se realizaron ayer, indicó en diálogo telefónico con The Associated Press el fiscal Camilo Burbano. Entre los detenidos figura Carlos Sotomayor, gerente del llamado Fondo Ganadero de Córdoba.
Los detenidos serán interrogados bajo sospecha de haber incurrido en delitos como desplazamiento forzado de personas, falsedad en documento público y concierto para delinquir o la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.
La Fiscalía "cuenta con buenas pruebas testimoniales" contra los capturados, añadió el fiscal declinando ofrecer detalles con el argumento de que la investigación aún está bajo reserva.
"La hipótesis que se está manejando en la Fiscalía viene precisamente de la creación de las AUC" o Autodefensas Unidas de Colombia, indicó el fiscal al referirse al paraguas que agrupó a escuadrones paramilitares acusados de masacres y despojos de tierras, entre otros delitos.
"Las AUC hicieron un desplazamiento forzado basado en la fuerza y estas personas del Fondo Ganadero de Córdoba colaboraron con ese desplazamiento, tanto en la parte de coacción como en la legalización del ilícito... por haber adquirido esas tierras y servir como testaferros de esta gente de las AUC. Y después evitando que la gente regrese... por coacción y escrituras falsas", explicó el funcionario.
Las AUC, que llegaron a tener unos 30.000 miembros, se desmovilizaron en bloque a partir de 2003. Sus máximos jefes fueron detenidos y en mayo de 2008 extraditados a Estados Unidos bajo cargos de drogas.
Como el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se comprometió a titular y devolver al menos unas dos millones de hectáreas, el mandatario solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro que revisara todos los registros de propiedad y compraventa de lotes para saber cuántos pudieron haber sido adquiridos, traspasados u ocupados de forma irregular. De esa investigación iniciada en 2011 se tomaron regiones específicas como Córdoba y Antioquia, donde se han denunciado gran cantidad de despojos, explicó el superintendente de notariado y registro Jorge Enrique Vélez en diálogo telefónico con la AP.
En los registros notariales "aparecían campesinos entregándole poder a una persona de nombre Sor Teresa y esa persona... le vendía con esos poderes al fondo ganadero de Córdoba" en una misma fecha y en dos notarias diferentes, añadió Vélez. Se trataba de Sor Teresa Gómez, cuñada de tres fallecidos líderes paramilitares, capturada en octubre y con una condena pendiente a 40 años de cárcel por el asesinato en 2007 de una activista que reclamaba la devolución de tierras despojadas en aquella zona del noroeste del país.
La investigadora sobre el tema de tierras, Yamilé Salinas, del no gubernamental Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, indicó en entrevista telefónica que aunque la medida contra el fondo ganadero en Córdoba es un paso importante en el castigo a personas que robaron tierras, en la ley colombiana no existe el delito de "despojo de tierras" y, por tanto, se puede escapar al castigo.
El caso de las capturas "es muy interesante porque le ponemos el dedo a perseguir a los legales que se apropiaron de las tierras, ellos no eran uniformados" o miembros de grupos armados ilegales, dijo la investigadora, pero "no es un delito. Mientras no condenamos a esos personajes penalmente... son los primeros que van a estar ahí oponiéndose a que la gente puede regresar a sus predios".
Los fondos ganaderos surgieron en la década de los 60 como entes mixtos en los que tienen acciones desde el Ministerio de Agricultura hasta los gobiernos de los departamentos y particulares, con el objetivo de invertir en distintos proyectos de explotación y desarrollo ganadero.
La propiedad y uso de la tierra en Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, han sido descritos tradicionalmente como unas de las causas del conflicto armado interno de casi 50 años. Aunque hay discrepancia respecto de cuánta tierra exactamente ha sido robada, transferida ilegalmente o despojada ante amenazas de grupos armados ilegales -desde paramilitares y narcotraficantes hasta guerrillas-, se calcula que es como mínimo dos millones de hectáreas, según el gobierno, y más de seis millones de acuerdo con distintas organizaciones no gubernamentales.
POR LIBARDO CARDONA
Comentarios ()