El próximo 29 de octubre, el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia tras el llamado que este miércoles le hizo la Fiscalía. La tesis del ente acusador es que el guardián de los recursos de la capital de la República es el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
Los hechos por los que se abrió el expediente en contra de Granados datan de su candidatura a la Gobernación de Boyacá y del periodo que fungió la primera magistratura del departamento.
Al parecer, habría favorecido a la brasileña Odebrecht, firma investigada por el pago de millonarias coimas en los principales proyectos de infraestructura del país. En el caso puntual se investigan las obras de las vías Duitama – Charalá y Otanche – Puerto Boyacá.
El primer tramo no se ha terminado y el segundo, aunque fue entregado, tiene varias fallas en algunos sectores.
Por estos mismos hechos, en julio pasado la Procuraduría abrió un expediente en contra del exmandatario. El ente acusador manifestó en su momento que Granados “pudo influir en decisiones en favor de terceros valiéndose de su condición de gobernador”.
Uno de los testimonios que involucrarían al contralor capitalino en el marco de este escándalo es el del empresario Federico Gaviria quien a través de un político boyacense habría concertado que la brasileña Odebrecht le diera el apoyo al entonces candidato para que la firma fuera favorecida con multimillonarios contratos como el de las mencionadas vías.
En la audiencia en contra del mandatario, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento en contra de Granados.
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