La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que presentó ante la CorteIDH un caso sobre Colombia por considerar que el Estado falló al no proteger a los miembros del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), que perdió a miles de sus integrantes en los años 80 y 90.
Según detalló la CIDH en un comunicado, el caso engloba las "sucesivas y graves violaciones de derechos humanos" cometidas contra más de 6.000 personas que se integraron en la UP en algún momento desde 1984, un año antes de su fundación.
La UP fue fundada en 1985 como parte de un proceso de paz iniciado un año antes por las FARC con el Gobierno del entonces presidente colombiano Belisario Betancur.
Betancur fue uno de los primeros en buscar una solución pacífica al conflicto colombiano y firmó en 1984 un acuerdo. Ese pacto con las FARC nunca llegó a concretarse, pero la UP nació de algunos frentes desmovilizados de la guerrilla y de otros movimientos.
Entre los años 80 y 90, sin embargo, tres de los principales dirigentes de la UP fueron asesinados así como al menos 2.000 de sus miembros.
La CIDH, con sede en Washington, sometió el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, el 29 de junio de este año porque consideró que el Estado de Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en su informe de fondo, aunque lo anunció hoy.
En ese documento, la Comisión apuntó que las investigaciones de Colombia "han sido incipientes e insuficientes, y no han logrado proveer, ni a las víctimas sobrevivientes, ni a los familiares de las víctimas fallecidas, ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio" de los integrantes de UP.
En consecuencia, la CIDH concluyó que el Estado colombiano "violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial".
Para la Comisión, la persecución contra los miembros de UP fue un "exterminio" y ha establecido en su informe que los hechos "alcanzaron una gravedad y magnitud inusitadas".
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, la CorteIDH es una institución judicial autónoma de la OEA que tiene la misión de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las FARC y el Gobierno del actual presidente saliente, Juan Manuel Santos, firmaron en 2016 un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado y acabar con la guerrilla más antigua de América.
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