El Consejo Nacional Electoral ya determinó quién se encargará de evaluar si se puede abrir investigación sobre la campaña de 2010 del presidente Juan Manuel Santos. Se trata de la magistrada Ángela Hernández, quien ya tiene a su cargo la investigación de la campaña del mandatario de 2014, por un presunto billón de dólares que habría aportado Odebrecht.
Lo que entrará a ver la magistrada no es específicamente si la multinacional pagó 400 mil dólares para 2 millones de afiches de la primera campaña, como lo reveló Roberto Prieto recientemente, sino la caducidad o prescripción de tres años que establece la Ley para este tipo de investigación.
De hecho, este miércoles, el presidente Santos afirmó que le pidió al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que consulte con la autoridad electoral para ver si se puede investigar o no.
“Le he pedido al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si de la campaña del 2010 todas las cuentas ya están caducas, y si se puede levantar esa caducidad. Le dije al ministro que hiciera esa consulta al Consejo Nacional Electoral, para que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible”, dijo.
Al respecto, lo que se ha planteado es que ese tiempo límite de investigación podría contarse a partir del momento en que se conocen los actos irregulares, postura que ha expuesto el magistrado Armando Novoa.
“La caducidad es una figura que tiene como propósito evitar que queden en suspenso la capacidad investigativa del Estado contra algún sujeto disciplinable, y en ese orden de ideas hay un término de tres años para investigar las conductas eventualmente irregulares, pero sería irracional pensar que la caducidad debe contarse a partir del momento en el que se cometió la falta. A mi manera de ver, ese término de tres años debe contarse a partir del momento en el que la Corporación tiene conocimiento de las irregularidades”, dice.
Pero también se ha hablado de que el presidente Santos podría renunciar en el caso de que no fuera una caducidad, sino más bien una prescripción.
“La prescripción es un derecho que se otorga a la persona para que dentro cierto tiempo sea investigado y como es un derecho la persona puede renunciar. Pero existe una duda si realmente era una prescripción o si es parte de una figura que se llama caducidad, esta sí impediría hacer cualquier investigación, porque la caducidad es un tema que permite una relación, una gestión, un poder desde el punto de vista procesal”, explica el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez.
Pero también, el expresidente de la Corte dice que hay una teoría en temas administrativos que podría entrar a analizar el Consejo y que se aplica, por ejemplo, en entidades como la Contraloría. Ésta permitiría que se levante el “paz y salvo” que se dio por ese tiempo, para que se puede investigar nuevamente.
¿HAY DELITO PENAL?
Sin embargo, más allá de la discusión de delitos electorales que se habrían cometido, si es cierto lo expuesto por Prieto -como incumplir el tope de campañas, recibir recursos de agentes extranjeros y no registrar los gastos de campaña-, hay espacio para ver si hay algún delito penal.
Según el expresidente Ibáñez, de ser comprobado tal ingreso sí podría haber un delito y estaría asociado con falsedad en documento público.
“Desde el punto de vista general, siempre en todas las campañas tienen que entregar al finalizar el ejercicio una tabla de gastos que no pueden superar unos topes, eso garantiza la igualdad que se requiere en las contiendas electorales. (…) Y así las cosas, cuando se entregan los resultados, ese documento -al ser presentado al Consejo Nacional-, se convierte en documento público y ese documento debe tener total claridad, precisión y veracidad”, afirma.
SE REQUIERE DE APOYO INSTITUCIONAL
Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que es necesario que la institucionalidad y el país debe respaldar la gestión de las autoridades competentes.
“Lo importante es que aquí el país y la institucionalidad respaldemos la tarea de la Fiscalía General de la Nación para que se llegue al fondo en este asunto; las tareas del Consejo Nacional Electoral en las investigaciones sobre las campañas del 2014, evaluar jurídicamente el tema del 2010 y que se establezcan con toda claridad las responsabilidades individuales de cada uno”, dijo.
Y se debe, dijo, insistir en encontrar la mejor reforma política para que se den más garantías de transparencia en los procesos electorales.
Por su parte, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, afirmó: “Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es un llamado a la institucionalidad. Nosotros no podemos creer que Odebrecht va a terminar con todas las instituciones y se va a llevar de tajo todos los logros que hemos tenido. En este caso las instituciones tienen que actuar, la Fiscalía tiene que presentar resultados rápidos sobre las denuncias o sobre las aceptaciones de irregularidades que ayer se hizo, necesitamos saber qué resultados penales y disciplinarios tiene. El Consejo Nacional se tiene que pronunciar rápido sobre estos temas”.
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