El proyecto de acto legislativo 087 que de ser aprobado le prohibiría a la Comisión de la Verdad y a otras entidades como la JEP y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desparecidas acceder a “archivos de carácter reservado y de altísima sensibilidad o expedientes de carácter reservado”, que llevarían a aclarar lo ocurrido en el conflicto armado, fue rechazado por estas entidades que calificaron esta iniciativa como una violación a los derechos de las víctimas.
El padre Francisco de Roux, director de la Comisión de la Verdad, aseveró que con este tipo de planes “encontramos que este acto viola los derechos de las víctimas a la verdad y el derecho de la sociedad en general a la verdad y se opone a decisiones tomadas por la Corte Constitucional y establecidas en el decreto 577 que crea la Comisión y nos da las facultades constitucionales que nos permite proteger la seguridad de la verdad, el derecho de la dignidad de las víctimas y de los ciudadanos”.
El proyecto de acto legislativo fue presentado por el representante a la Cámara Óscar Darío Pérez Pineda especifica claramente: “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplen o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional, tales como operaciones militares, operaciones estatales, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia o cualquier otra información que atente o ponga en riesgo mínimo la seguridad nacional o de cualquiera de sus agentes”,
El sacerdote jesuita indicó que la Comisión de la Verdad está en la obligación de recibir los documentos y guardarlos bajo los preceptos de confidencialidad, además, de cumplir con la normatividad que le obliga a mantener esa información pública pero con carácter de reserva y que no podrán ser usados en procesos judiciales, solo para lograr aclarar las causas que generaron el conflicto armado.
“Estamos convencidos que si este proyecto se coloca en la Constitución se rompen los acuerdos, y la posibilidad de llegar a la verdad se vuelve imposible. La Comisión necesita conocer en profundidad la información que le permita, por ejemplo, conocer los elementos de motivación y el conjunto de decisiones que se tomaron para que una barbarie como la del Club El Nogal se produjera, u otra como el asesinato de los diputados del Valle o cómo pasó con el asesinato masivo de la gente de la Unión Patriótica”, aseguró de Roux.
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