Aún persiste la expectativa sobre si finalmente se hará efectiva la renuncia del expresidente Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Senado de la República, la cual anunció tras conocer el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lo investiga por presunto fraude procesal y soborno.
Precisamente, la posibilidad de que el exmandatario se aparte de su cargo en el Congreso ha generado una serie de interrogantes sobre cuál podría ser su juez. Si bien es cierto que en este caso la investigación corrió por cuenta de la Corte Suprema de Justicia, su rumbo puede cambiar si así lo determina la Sala de Casación Penal del alto tribunal una vez reciba la renuncia de Uribe, por lo que puede que la información que involucraría al expresidente termine en los escritorios del fiscal General de la Nación.
De acuerdo con el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, en caso de que el proceso del senador llegue al ente acusador, este deberá empezar de nuevo, ya que aunque las pruebas pueden ser validas, será un fiscal especializado quien determine el rumbo de la misma. “A mí me parece que si eso llegará a pasar a la Fiscalía General de la Nación el procedimiento que se debe llevar es el de la ley 906 del 2004 del sistema acusatorio”, dijo el exfiscal.
Mendoza Diago añadió que la apertura de la investigación contra el senador por parte de la Corte Suprema de Justicia “perdería efectividad”, porque en la ley 906 que establece el sistema penal acusatorio se debería registrar una imputación de cargos. En ese caso, será un fiscal especializado quien determine cuales serán las pruebas que se llevarán en la “noticia judicial”.
El exfiscal señaló que las pruebas testimoniales que se pudieron haber hecho durante la investigación de la corporación “ya no tienen carácter de prueba, por lo que se modifica totalmente el procedimiento (…) las pruebas de la Corte Suprema ya no serían pruebas en estricto sentido en el sistema acusatorio. Es decir, en el marco de la ley 906 son las pruebas las que se practican en medio de un juicio oral, ya que eso es lo que recoge la Fiscalía antes y durante la investigación”.
El exfiscal aseguró que en caso de que la Fiscalía General considere que las pruebas testimoniales hechas por parte de la Corte Suprema de Justicia pueden ser parte de la investigación que adelante el ente acusador, el senador podrá ser llamado a una imputación de cargos en al menos dos meses.
Por último, aclaró que pese a que Uribe Vélez fue llamado con fines de indagatoria, no se registrara su captura inmediata como ha sucedido con otros miembros del Congreso de la República, esto debido a que los delitos por los que fue requerido el senador no tienen relación con actos de promover grupos paramilitares como se registró en la época de la denominada parapolítica. “Esos delitos son de competencia de jueces especializados y eso tiene captura, en este caso los delitos no tienen esa naturaleza”.
Por su parte, el penalista Iván Cancino se unió a la voz del exfiscal, pero también señaló que “en dado caso de que la Fiscalía considere que la investigación en contra del senador no tenga fundamentos, el ente investigativo tendrá la potestad de archivar la misma”. Contrario a ello se deberá seguir el curso de la misma exponiendo los argumentos de la Fiscalía ante un juez con función de control de garantías, quien será el que lo juzgará.
A su turno, el también penalista Juan Francisco Navarrete consideró que si el caso llegara ante la Fiscalía General, habrá garantías en cuestión de justicia ya que el ente acusador tiene instrumentos de investigación para llevar a cabo la judicialización de ser necesario. No obstante, el penalista consideró que una desventaja sería que fuese juzgado por un juez de primera instancia, pasara a un juez de segunda instancia y que eventualmente termine de nuevo en la Corte Suprema de Justicia, donde no seguiría su curso.
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