El acuerdo para congelar el salario de los congresistas a partir de 2020 generó un debate jurídico sobre la constitucionalidad de la medida, una vez superada la discusión de si se podía bajar o no el salario a los actuales corporados.
Los promotores de la Consulta Anticorrupción aceptaron que era imposible cumplir, al pie de la letra, la pregunta uno, votada por más de 11,5 millones de ciudadanos el pasado 26 de agosto, pero sí que la medida podría ser progresiva y, en cuatro años, cuando lleguen los nuevos congresistas, definitiva.
Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hubo acuerdo entorno a la propuesta de congelación de salarios hecha por el Centro Democrático, antes de la Consulta, con un tope de 25 salarios mínimos para todos los altos funcionarios y congelamiento a partir de la reforma, lo que en 10 años representaría un ahorro superior a los 300 mil millones de pesos.
En la actualidad un congresista gana $31’331.823, es decir, cerca de 40 salarios mínimos, pero con las deducciones queda en $22’665.477.
La exsenadora Claudia López afirmó que es “mucha gracia” que aunque la Consulta no alcanzó el umbral, lograron que el Gobierno y el Congreso aprueben, a partir de 2019, congelar el salario de los congresistas en 2020, y en 2021, reducirlo de 40 a 25 mínimos a partir de 2022.
División en el uribismo
El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, se mostró en desacuerdo con lo anunciado por la ministra Gutiérrez. “Congelar salarios de servidores públicos de elección durante el período en ejercicio sería inconstitucional. Hay derechos preestablecidos en la Carta. En este caso debe plantearse para un nuevo periodo”.
En contraposición, la senadora Paola Holguín, autora del proyecto de acto legislativo, explicó que Colombia firmó un tratado sobre los derechos de los trabajadores, que forma parte del Bloque de Constitucionalidad, y no se puede desmejorar la condición salarial, y por eso planteó el congelamiento, no bajo el argumento del combate a la corrupción, sino como una muestra de responsabilidad ante la situación fiscal difícil.
“Por cuatro años, a partir de su entrada en vigencia, el salario de los congresistas subiría en pesos, no en porcentajes, lo que suba el salario mínimo. Así no se desmejora la condición salarial y se mantiene la obligación de hacer un incremento anual. A los actuales corporados sí se les puede congelar, más no bajar”.
¿Es inconstitucional?
Para que esta iniciativa sea realidad tendrá que pasar por ocho debates, cuatro en cada Cámara, porque se trata de una reforma constitucional, algo que no se podía lograr mediante una consulta.
Según Luis Carlos Martínez, docente de Derecho Constitucional de la U. Pontificia Bolivariana, la medida sí es inconstitucional, porque en este momento es un derecho adquirido su salario y para la modificación de ello se deberá buscar una reforma a la Carta.
Para Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional, si los congelan solo pueden hacerlo para el Congreso 2022-2026, pues para este ya son derechos adquiridos.
La duda es si en un año, cuando el tema no esté en la agenda, se mantenga la voluntad política para dar el paso que pidió la consulta.
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