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Consultas previas con afrodescendientes buscan destrabar proyectos del Gobierno

Con la instalación de la Asamblea de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la integración del espacio de consulta previa, se abre el panorama para los proyectos e iniciativas que han visto en ese derecho fundamental, un obstáculo para el desarrollo de grandes obras en el país.

Durante la elección de los únicos 576 delegados que podrán participar y deliberar en este espacio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que se fortalecerá la interlocución entre el Gobierno y las comunidades, para abordar medidas administrativas o legislativas e integrar a estas comunidades en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.

Esto en cumplimiento a la Sentencia T-576 de 2014, ordenada por la Corte Constitucional, que define que todas las organizaciones negras, afro, palenqueras y raizales tienen derecho a su representación en el órgano donde deben ser consultados todos los proyectos (legislativos o administrativos) que las involucren.

No en vano, el gobierno busca acelerar la consultiva con la comunidad afro, pues la falta de protocolarización para los procesos han frenado iniciativas en el sector minero, ambiental, energético, de infraestructura e hidrocarburos.

Precisamente, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, aseguró que para regular las consultas previas presentará el próximo 15 de marzo un proyecto de Ley Estatutaria al Congreso de la República, "para poner claro el tema".

La ministra de Transporte, Natalia Abello, dijo que lo que le preocupa al Gobierno “no es la consulta a la comunidad, sino la indefinición de los términos, porque eso evidentemente trae el retraso de unos programas o en algunos casos, cuando los retrasos son muy grandes, unos costos económicos muy altos para el Estado. Lo que buscamos con esto es tener mucha más precisión”, afirmó.

El proyecto, en esencia, buscará regular tiempos, convocatorias, interlocutores, así como determinar montos máximos en los pagos a gestores y asesores que el Gobierno debe girar para que acompañen a las comunidades en todo el proceso de consultas.

Tan solo en materia de transporte, el aval de las comunidades será fundamental para el cierre financiero de 2015 y para el éxito de la Cuarta Generación de Concesiones viales, la ambiciosa apuesta en infraestructura que lidera Vargas Lleras y cuya inversión superará los $ 48 billones.

Una de las grandes vías que aún tienen problemas por consultas previas con comunidades afro en uno de sus tramos es la de Mulaló-Loboguerrero, adjudicado a la Concesionaria Vial del Pacífico, con el cual se busca agilizar el tránsito de carga pesada desde la zona industrial de Cali hasta el Puerto de Buenaventura.

Como no esta claro el proceso consultivo con esta comunidad, la Corte Constitucional falló una tutela del Consejo Comunitario de Mulaló, que reclamaba por una supuesta violación a los derechos al debido proceso administrativo, la libre determinación, la participación y la integridad cultural.

Para María Claudia Álvarez, directora de la Seccional Occidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el país ha carecido de protocolos efectivos de aplicación de los procesos de concertación con las comunidades, lo que representa la mayor dificultad en las obras de infraestructura.

"Para solucionar las graves dificultades que se generan es necesario establecer un parámetro constitucional para el desarrollo de los procesos de consulta previa. Se necesita señalar principios y procedimientos claros que enmarquen los procesos de consulta previa y que recojan la jurisprudencia nacional e internacional al respecto", explica Álvarez.

Otros proyectos con los que el Gobierno no ha podido avanzar es la presentación de leyes tales como: el Código Minero, la Ley de Desarrollo Rural y la Ley que transforma las Corporaciones Autónomas Nacionales.

En los que ya hay luz verde, aún con quejas de los habitantes de las zonas de influencia, es en proyectos como la planta de regasificación del Caribe, expansión de Cerromatoso, Central Hidroeléctrica de Cucuana, segunda calzada Loboguerrero-Mediacanoa, doble calzada Cartagena – Barranquilla, doble calzada Loboguerrero – Cisneros, Ruta del Sol Sector Tres, y la modernización y ampliación del Aeropuerto de San Andrés.

El reto, según el ministerio del Interior, es eliminar las 'malas prácticas' que han impedido la participación efectiva de las comunidades, mientras tanto, la asamblea continuará en espacio autónomo para definir finalmente como quedará conformado el Espacio Nacional de Consulta y su funcionamiento.

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