La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció sobre la situación jurídica que afronta actualmente el proyecto de construcción del Túnel de La Línea, y advirtió que dicha situación “está generando un riesgo de menoscabo de las inversiones públicas que se han realizado hasta el momento en este proyecto”.
A raíz de los problemas presentados con el contrato y la “semiparálisis” de la obra, el Contralor General, Edgardo Maya, emitió una Función de Advertencia a la ministra de Transporte, Natalia Abello; de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, y al director del Instituto Nacional de Vías, Invías, y les recomendó adoptar medidas “urgentes y eficaces” frente a esta situación.
El llamado del Contralor tiene como fin, según la Función de Advertencia, "evitar el riesgo patrimonial y la ocurrencia de daños fiscales que eventualmente se pudiesen derivar de los hechos expuestos y propende porque las entidades destinatarias consoliden una gestión eficiente, económica, equitativa, eficaz y ambientalmente sostenible, ajustada a la normatividad que regula este tipo de proyectos de inversión”.
La decisión de emitir la función de advertencia fue tomada por la CGR tras concluir una visita al sitio de las obras, el pasado 23 de febrero, en donde se observó que existen frentes de obra que presentan inactividad, además se constató que en el túnel piloto se presenta salida de aguas de infiltración procedentes tanto del túnel principal como del túnel piloto con un aparente alto contenido de sólidos.
A la inspección asistieron los contralores delegados de Infraestructura y de Medio Ambiente, acompañados de un Ingeniero Civil que hace parte del equipo de la Contraloría que actualmente realiza auditoría al Invías.
Cabe recordar que el contrato del Túnel de la Línea está a cargo de la Unión Temporal Segundo Centenario, cuyo representante legal es Carlos Collins. La obra se encuentra semiparalizada, luego de que el pasado 27 de enero el Invías decretara la caducidad de dicho contrato, en primera instancia.
Actualmente, el Gobierno Nacional y el contratista avanzan en negociaciones para encontrar una salida al lío jurídico que enfrenta el proyecto y así reactivar las obras. Con el llamado de la CGR, se espera que las entidades a quienes les fue proferida la Función de Advertencia, avancen con mayor celeridad en el proceso.
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