La Contraloría General de la República encontró diez hallazgos fiscales por un valor de 709.342 millones de pesos sobre el proyecto Bionergy, la planta de Etanol de Ecopetrol en Puerto López (Meta). La entidad también pudo establecer un hallazgo con incidencia penal y otro de connotación disciplinaria.
La conclusión del ente de control es que la planta resultó ser un proyecto costoso para el país, que no es rentable y cuya ejecución por parte de Bionergy fue ineficiente, ya que se demoró más del doble del tiempo planeado y además presentando sobrecostos.
La entidad señaló que los costos del proyecto se incrementaron de 350 millones a 778 millones de dolares, y no se cumplió con la fecha de terminación para el 12 de junio de 2013, ni con el inicio de operaciones de la planta acordada para el 28 de marzo de 2013, es decir 48 meses después de la fecha pactada en el contrato.
El informe indica que con el incumplimiento de estas fechas no ingresaron los recursos que se esperaban al patrimonio del Estado, constituyendo un daño material en la modalidad de lucro cesante con una cuantía de 577.824 millones de pesos.
El ente de control indicó que existieron irregularidades por parte de Gustavo Gaviria Ángel, quien era miembro de junta Directiva de Ecopetrol cuando se suscribió el contrato de estructuración y cierre financiero de Bionergy, con la firma Visión Valores, empresa de la cual era accionista mayoritario (con el 71,55 %) y nunca se declaró impedido.
El informe de auditoria también menciona a Jaime Leonardo Flórez Muñoz, funcionario de Ecopetrol, que fue nombrado como gerente de Bionergy en septiembre de 2009 y quien pasó de estructurar el contrato EPC suscrito entre Reficar y CB&I a estructurar el contrato EPC suscrito entre Bionergy e Isolux.
La entidad también encontró irregularidades en la compra de dos empresas panameñas que Bionergy adquirió, al parecer porque tenían predios estratégicos para el proyecto.
Este hallazgo es relevante para la entidad porque las empresas Los Arces Group Corp y Amandine Holdings Corp, se adquirieron cuando se conocía que las mismas no eran poseedoras de terrenos claves, además que la valoración que se les realizó no fueron producto de un estudio técnico y riguroso.
Además se evidenció que estas dos sociedades fueron constituidas en Panamá unos días antes de que la junta directiva de Bionergy aprobara su compra.
OBSERVACIONES SOBRE CONTRATO CON ISOLUX
La Contraloría también realizó observaciones sobre la forma como se seleccionó a la firma española Isolux, para hacer el montaje de la planta de etanol, que no ofrecían certeza sobre el cumplimiento de la totalidad de los requisitos del pliego de condiciones, referentes al tipo de contrato, objeto y obligaciones contractuales.
También llamó la atención que Isolux, luego de presentarse en consorcio con la empresa austriaca Vogelbusch, debido a la tecnología que esta tenía para procesar melaza, se presentó luego como proponente sin esta firma y compitió directamente, en la adjudicación del contrato, con Praj de la India, que tiene tecnología para procesar jugo de caña de azúcar.
Isolux ganó el contrato y, una vez lo suscribió, acordó con Bioenergy que la tecnología, ingeniería y equipos de fermentación y destilación fueran suministrados por Praj.
Según el ente de control, la supervisión de este contrato suscrito con Isolux para la construcción de la Planta de etanol fue asumida por una persona natural trabajador de Bioenergy desde el inicio, sin tomar en consideración el tamaño del proyecto y por tal razón, fue necesario contratar a la firma Tipiel para corregir los diseños, la cual no fue seleccionada con licitación sino de manera directa, situación que generó un detrimento patrimonial por más de 11.000 millones de pesos.
Otro de los hallazgos encontrados a Bionergy fueron que al no entrar en operación a tiempo, se perdieron 158.338 toneladas de caña de azúcar sembradas directamente y a través del suministro contratado con Riopaila.
Igualmente se detectó que se realizaron pagos por el arriendo de predios para la siembra de caña, que no fueron utilizados para ese fin, así como la perdida de recursos para las plantaciones.
Finalmente, la Contraloría pudo evidenciar un detrimento patrimonial por un crédito otorgado por Finagro a Bionergy destinado como productores de caña panelera cuando la actividad principal del negocio era la producción de caña de azúcar, un destino totalmente diferente.
Según el documento, con este crédito se hicieron inversiones en infraestructura y adecuación de tierras en la finca La Esperanza, y se produjo miel virgen que fue vendida a la Industria Licorera de Boyacá para la producción de etanol; pero la operación no fue rentable para cubrir los pagos del crédito mientras estuvo en funcionamiento, ya que el proyecto se descontinuó, dejando abandonadas las obras sin la existencia de un argumento técnico, lo que causó la perdida de los recursos invertidos en el predio.
Asimismo, se pudo establecer que todas las operaciones para la producción de caña de azúcar se trasladaron al predio “La Piragua” distante en 50 kilómetros del predio “La Esperanza”. Lo anterior por una inadecuada planeación y una irregularidad en el acceso a los recursos públicos, constituyéndose un detrimento patrimonial, por más de 3.000 millones.
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