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Corte cuestiona al Gobierno sobre cambios en la UNP para esquemas de seguridad

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Una controversia nacional se generó luego de que el Gobierno Nacional expidiera seis decretos que modifican la estructura de la Unidad Nacional de Protección, ampliando su planta, capacidad presupuestal y ordenado la vinculación de más de 1200 cargos para integrar los esquemas de protección, incluyendo a exguerrilleros.

Se trata de los decretos  298, 299, 300, 301, 302 y 303 de febrero pasado, expedidos por el Gobierno Nacional que deberán pasar a revisión automática en la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre los mismos.

Uno de ellos, el Decreto Ley 298 ya llegó a la Corte y le correspondió al despacho del magistrado Alejandro Linares.

Dicho decreto señala que para implementar las medidas materiales de protección de la UNP, de cara al Acuerdo de Paz, es necesario ampliar su planta de personal y, por tanto, exceptuar a esa entidad de la prohibición que impide que los gastos en la planta de personal de las entidades públicas no supere, en promedio, el 90 % de la meta de inflación esperada cada año.

COLPRENSA conoció que la Corte le solicitó al Gobierno explicar cuántos agentes de seguridad adicionales requerirá la UNP para cumplir con el Acuerdo de Paz y en qué fecha deben empezar a funcionar los esquemas de seguridad para los miembros de las FARC.

Más allá, la Corte recoge una serie de declaraciones dadas por el director de la UNP, Diego Mora, en medios nacionales y le preguntó al Gobierno: “¿puede concluirse que la medida bajo examen no es urgente en cuanto no se sabe aún si se requerirá dicho aumento de personal, ni la fecha en la que eventualmente se requiera?”.

Igualmente, la Corte le pregunta al Gobierno: “¿puede concluirse que es posible que la norma prevista en el Decreto Ley 298 de 2017 resulte ineficaz, en cuando no haya necesidad de ampliar la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección durante la presente vigencia fiscal?”

El despacho igualmente pidió concepto a la Presidencia, al Ministerio del Interior, de Hacienda, a la UNP, al Ministerio del Postconflicto, la Defensoría, la Comisión Colombiana de Juristas, a Dejusticia y a varias universidades para que den su opinión al respecto.

LOS OTROS DECRETOS

Se espera que en próximos días lleguen a la Corte los otros decretos para su estudio automático. Se trata de:

-El decreto 299 de 2017 crea el Programa de Protección Especializada de Seguridad, que velará por la integridad de los integrantes del nuevo partido de las FARC, los desmovilizados, sus familias, de los menores de edad que salgan de los campamentos de la guerrilla y  de los voceros de la agrupación Voces de Paz. Aquí se establece que los esquemas serán mixtos y estarán integrados por personal de confianza del nuevo partido que conforme la guerrilla y que tendrán armas, entre otros.

-El decreto 300 de 2017 que estableció una nueva organización de la UNP, con varias subdirecciones, que deberán, por ejemplo, elaborar los planes de protección de los integrantes que hagan parte del nuevo partido, entre otros.

-El decreto 301 de 2017 que crea más de 1287 puestos de trabajo para técnicos administrativos, escoltas y secretarios ejecutivos, entre otros cargos.

-El decreto 302 de 2017 que determina que la asignación básica mensual para el empleo del agente escolta será de 1.825.843 pesos.

-El decreto 303 de 2017 que señala que para poder ser agente escolta se deberá acreditar, como mínimo, la aprobación de educación básica primaria.

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