La Corte Constitucional se apresta definir la posibilidad que sean modificados los montos que están vigentes a la hora de reparar a las víctimas del conflicto armado en el país.
La Sala Plena estudia una demanda en contra de varias disposiciones de la Ley de Justicia y Paz, que fueron modificadas parcialmente por la Ley de Víctimas en 2011, entre las cuales están asuntos como la reparación y bienes, entre otros.
El caso lo tiene el magistrado Alberto Rojas Ríos que, según se ha conocido, señala que cuando el Estado es responsable de graves violaciones a los Derechos Humanos o cuando a infringido el Derecho Internacional Humanitario, las reparaciones no se deben realizar por los montos de la Ley de Víctimas.
La idea del magistrado Rojas es que debe ser un juez quien defina el monto en cada caso particular, lo que podría beneficiar a las víctimas. No obstante, el caso está en análisis y deberá contar con la mayoría para ser aprobado en Sala Plena.
En este caso, que está en suspenso desde 2013, están presentes los conjueces Gustavo Cuello Iriarte y Enrique Gil Botero y no está el magistrado Jorge Pretelt, quien era el ponente original y quien fue recusado.
Entre tanto, la Procuraduría le pidió a la Corte que mantenga las disposiciones tal y como están por considerarlas ajustadas a la Constitución.
Los artículos demandados por el ahora senador Alirio Uribe son 27 de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), norma que ha sido modificada por la Ley 1522 de 2012 y por la ley de víctimas, entre otras.
Comentarios ()