La Corte Constitucional colombiana prohibió la suspensión de penas de prisión para los condenados como máximos responsables de delitos de lesa humanidad, una decisión que fue saludada por activistas de derechos humanos que ya habían alertado sobre los riesgos de impunidad.
Así lo estableció el alto tribunal el jueves por la noche en una aclaración de su fallo del 28 de agosto pasado sobre la constitucionalidad de permitir que a los actores del conflicto armado interno colombiano se les rebaje o suspenda sus penas en prisión si dejan las armas. La medida propuesta por el gobierno también contempla que se podrá centrar la investigación penal en "los máximos responsables" y no en todos los insurgentes.
La medida _una enmienda constitucional_ es conocida como "marco jurídico para la paz", porque se considera uno de los instrumentos jurídicos clave del gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc, en diálogos que se iniciaron a fines del 2012 y que se escenifican en La Habana, Cuba.
"La decisión de la Corte Constitucional de prohibir la suspensión total de ejecución de la pena para los máximos responsables de abusos aberrantes es una victoria monumental para los derechos de las víctimas", dijo el viernes José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch.
Permitir que "los máximos responsables, sean guerrilleros o militares, de hechos atroces como secuestros y *falsos positivos*, no cumplan ni un solo día en la cárcel, hubiera convertido cualquier proceso penal previo en su contra en una farsa", añadió Vivanco en un correo electrónico a la AP. En Colombia se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales.
Santos ha dicho que en la mesa de diálogos hay que ofrecer algunos beneficios judiciales o estímulos a los insurgentes para que dejen las armas y ha asegurado que cualquier beneficio que se pacte en Cuba será aplicado igualmente a integrantes de la fuerza pública.
El mandatario también ha dicho que es imposible investigar todos los crímenes cometidos en casi 50 años de conflicto armado interno y ha resaltado las complejidades de hacer justicia, reparar a las víctimas y al mismo tiempo alcanzar la paz.
La víspera, la Corte emitió un comunicado en que aclaró los alcances de su fallo de la semana pasada y destacó que "el mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena, no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática".
Con tal pronunciamiento, los congresistas ahora quedarán encargados de elaborar una ley con esos parámetros fijados por la Corte y que ya han sido criticados por comandantes negociadores de las FARC, que han rechazado la posibilidad de cumplir penas de cárcel. El gobierno no ha comentado el nuevo pronunciamiento de la Corte, máxima instancia en el país para revisar y fallar en todo lo relaciones a la Constitución.
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