La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), condenó al estado colombiano por la desaparición forzada de doce personas, entre ellos tres niños, así como la privación arbitraria de una de ellas entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza del municipio de El Carmen de Viboral en Antioquia.
La sentencia comunicada este jueves al Estado colombiano señala que el Estado es responsable por la violación al derecho al acceso a la justicia en perjuicio de las víctimas y sus familiares por las investigaciones de esos hechos.
Igualmente, la condena se da por la violación al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas, así como al derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio por el allanamiento y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos de las víctimas.
En un comunicado de prensa, la Corte Interamericana explicó que para la época de los hechos en la zona había múltiples actores armados dentro de los cuales se encontraban las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), a quienes se les atribuye estos crímenes, en cooperación del Ejército Nacional.
Específicamente, de una unidad denominada “Fuerza de Tarea Águila” (FTA), asentada en la base militar de la Piñuela, en el Municipio de Cocorná.
Las víctimas fueron tildadas como simpatizantes o colaboradoras de los grupos guerrilleros que actuaban en la región.
En el trámite del caso ante la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por determinadas acciones y omisiones detalladas en la Sentencia.
En el comunicado, la CorteIDH señaló que el “Estado no reconoció su responsabilidad por acciones de colaboración entre paramilitares y actores estatales en el marco de los hechos del presente caso, únicamente lo hizo por su falta al deber de prevención”.
En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que “los hechos acaecieron con el apoyo y la aquiescencia de agentes de la fuerza pública al grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), lo que facilitó las incursiones a la Vereda la Esperanza y propició o permitió la comisión de estos actos”.
La Corte indicó igualmente que el Estado no cumplió con la obligación de garantizar protección a los participantes del proceso, ni con el derecho a conocer la verdad de los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas, ni tampoco con la obligación de iniciar las investigaciones en la justicia ordinaria luego de que se efectuara la compulsa de copias de la jurisdicción especial de Justicia y Paz.
La Corte IDH señaló que los familiares de las víctimas directas han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral y ordenó varias medidas de reparación como la realización de un acto público dereconocimiento de responsabilidad internacional.
Igualmente, se ordenó al Estado colombiano que brinde el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas; que levante un monumento en la memoria de las personas desaparecidas y ejecutada; que otorgue becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas que así lo soliciten; y que pague una millonaria indemnización por concepto de dañomaterial e inmaterial.
La condena completa de la CorteIDH se puede consultar aquí.
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