La Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, al no encontrar pruebas contundentes de que es hermano del intendente de la Superintendencia de Sociedades en Norte de Santander, Carlos Eduardo Ramírez Quintana.
Resulta que Ramírez Quintana nació el 13 de septiembre de 1947, pero fue registrado 20 años después.
Ese trámite se cumplió el 8 de agosto de 1967, según lo certificado por la Notaría Segunda de Cúcuta.
“Para la época de la inscripción, por tratarse de un registro extemporáneo regía el artículo 13 de la Ley 92 de 1938 que exigía que los interesados comprobaran el hecho del competente, con audiencia del Ministerio Público, bajo juramento, documento que debía conservarse y archivarse junto con el registro civil”, se lee en la providencia de la Procuraduría Delegada Primera Vigilancia Administrativa.
Quedó al descubierto que en el protocolo del registro civil no se encontró ningún documento que probara la inscripción y tampoco hay constancia de la declaración de los testigos.
Por esos motivos, la Procuraduría notificó: “adolece el registro civil de nacimiento de imprecisiones que impiden tenerlo como prueba certera del parentesco que se dice existe entre el señor Donamaris París Lobo y Carlos Eduardo Ramírez Quintana”.
Tampoco se admitieron como pruebas de ese parentesco como hijos de Carlos Ramírez.
La conclusión del Ministerio Público en este caso es que “los elementos probatorios no generan certeza sobre la existencia del posible parentesco entre Donamaris Ramírez y Carlos Eduardo Ramírez, de quienes se señala ser hijos del mismo padre”.
Dentro de esos elementos figuran el acta de bautismo y las diligencias que el alcalde cumplió en su tiempo para la tramitación de la cédula de ciudadanía, pues no están dentro de los elementos señalados por la Ley 92 de 1938.
“Por lo anterior no advierte el despacho que dentro de la investigación disciplinaria seguida contra el alcalde de Cúcuta existan hechos susceptibles de reproche disciplinario”, indicó la entidad disciplinaria.
Por esa razón la Procuraduría decidió “terminar el procedimiento y ordenar el archivo definitivo” del caso.
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