La Defensoría del Pueblo celebró este martes las decisiones que adoptó el Gobierno Nacional de proteger la soberanía sobre el territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en relación con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua.
Para el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, la estrategia jurídica para proteger los intereses de los colombianos sobre el territorio marítimo del archipiélago aclara la situación de incertidumbre de sus pobladores, particularmente de quienes derivan su sustento de la actividad pesquera.
Otálora Gómez advirtió sobre la necesidad de que las soluciones jurídicas tengan en cuenta la opinión de los pobladores del archipiélago y reiteró que desde su Regional San Andrés la Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos de los isleños y los de la población raizal, y estará atenta para explorar alternativas de desarrollo en la región.
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