Luego de la tragedia de la Cárcel Modelo de Barranquilla y tras constatar que en 36 centros de reclusión existe una 'difícil situación', el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le solicitó al Gobierno analizar la posibilidad de declarar la emergencia social para enfrentar el hacinamiento.
“Actualmente, el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3%, y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400% como ocurre en Riohacha o del 147% como el registrado en la cárcel Modelo de la capital del Atlántico, donde murieron 10 reclusos”, destacó Otálora Gómez.
El llamado lo hizo el Defensor durante la primera jornada de su visita humanitaria al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la cual alertó por el hacinamiento en la cárcel Nueva Esperanza de San Andrés, que llega al 53%, donde la capacidad es para 139 internos y actualmente alberga 216.
Recordó, además, que los funcionarios de la Defensoría atienden las quejas de los reclusos por hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud, mala calidad de los alimentos o maltrato, entre otros.
Debido a esa problemática, la Defensoría Regional Tolima le solicitó al Inpec un informe sobre los hechos ocurridos el pasado lunes en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, en donde luego de una requisa en el bloque 4 del pabellón de mujeres, ocho internas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos y otras presentaron golpes.
A juicio del Defensor del Pueblo, lo ocurrido en Barranquilla es una muestra más de la “más grave crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario colombiano”. Con lo cual, tanto la emergencia carcelaria decretada en 2013 como la nueva Ley que reformó el Código Penitenciario y Carcelario no han ofrecido soluciones definitivas.
De otro lado, y en una carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos, el senador Jorge Enrique Robledo le expresó al primer mandatario su repudio por la crisis carcelaria que vive el país y calificó los centros de reclusión como “centros de tortura”.
“Por los inhumanos niveles de hacinamiento, las cárceles colombianas están operando como unas especies de centros de tortura”, expresó el funcionario en su carta.
Agregó que los reclusos “están sometidos a condiciones propias de las mazmorras de la edad media. No tienen derecho a un buen servicio de salud ni a una alimentación adecuada, lo que se agrava por las indignantes condiciones de salubridad e higiene”.
En ese sentido hizo un llamado al Gobierno para dejar de lado su “actitud negligente para atender un problema que ya ha debido solucionarse”.
Finalmente, reiteró que “es urgente que el gobierno actúe para que las cárceles funcionen bajo una lógica democrática”; y que “demás de construir más cárceles, es necesario replantear la política criminal y tomar medidas que permitan la resocialización mediante el trabajo y la educación”.
Gómez Méndez pide controles en cárceles al Inpec
Durante su primer encuentro con los directores de los establecimientos carcelarios del país, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, aseguró que muchos de los hechos ocurridos en los centros de reclusión son “inexplicables” e hizo un llamado a revisar controles y vigilancia para evitar dichos hechos.
“Hay muchas cosas que para mí como Ministro de Justicia son inexplicables, por ejemplo, que dentro de los establecimientos se pueda estar dando posesión de armas o de estupefacientes. Señores directores: esto no nos puede volver a pasar”, aseveró el Ministro.
El Ministro se refirió a la muerte de 11 personas en el incendio ocurrido en la cárcel de Barranquilla y dijo que el Gobierno “está a la espera del resultado de las investigaciones que se adelantan tanto en el Inpec como en la Procuraduría y la Fiscalía, con el fin de tomar correctivos y establecer responsabilidades”.
“Tenemos que tomar las lecciones sobre control, sobre vigilancia, sobre el tratamiento humanitario que se le debe dar a los detenidos. La instrucción mía es: el país no resistiría que vuelvan a presentarse situaciones de esta naturaleza”, aseguró.
Gómez Méndez también les recordó a los directores de las cárceles sus nuevas obligaciones de cara a la implementación de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, y les pidió analizar lo que sucede dentro de los planteles carcelarios.
“Yo sé que la inmensa mayoría de los directores de los centros de reclusión, los directores jurídicos, la guardia, están en la dirección correcta pero hay que ajustar controles y la vigilancia de lo que está pasando”, concluyó.
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