El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se refirió al proyecto de ley de reforma a la salud y les solicitó a los legisladores que en los siguientes debates se haga una detallada revisión del articulado a fin de que la norma que se estudia garantice los derechos fundamentales de los colombianos.
Otálora señaló que la iniciativa mantiene el mismo modelo de aseguramiento propuesto desde la Ley 100 de 1993, sus principios rectores y a los agentes intermediarios como son las gestoras de servicios de salud con funciones similares a las que tienen las actuales EPS.
Según el Defensor, hay otros aspectos de la reforma que requieren finalizar su adecuación para evitar que limiten aún más el plan de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y estrechen el acceso efectivo y con calidad a los servicios de salud a los usuarios.
Consideró además que el proyecto de ley ordinaria, introduce un nuevo listado de tecnologías en salud priorizadas. Esta disposición está incluida en una figura que reemplazará al Plan Obligatorio de Salud (POS) denominada Mi Plan y contradice lo aprobado por el mismo Congreso en el Proyecto de Ley Estatutaria en Salud en el año 2011 y que actualmente se encuentra bajo revisión en la Corte Constitucional.
Es de recordar que el Proyecto de Ley Estatutaria en Salud fue claro al definir una lista explícita de exclusiones, de tal forma que lo demás quedaría implícitamente incluido, lo cual ha sido considerado como un gran avance en dicho proyecto de llegar a ser ley de la República.
El articulado, tal como salió de la Plenaria del Senado, también revivió la polémica figura de la integración vertical limitada al nivel básico. Es decir las nuevas Gestoras, no solo organizarán su propia red, la contratarán, sino que podrán formar parte de ella con sus propias IPS.
El Defensor del Pueblo también formuló reparos a otra figura introducida en el segundo debate que lo limita. Se trata de las autorizaciones, las cuales se mantienen con excepción de las urgencias. Esta figura es una de las mayores barreras de acceso y causal de continuas negaciones de servicios de salud y causante de incontables número de acciones de tutela.
Mientras existan autorizaciones, agregó el Defensor Otálora Gómez, estas se impondrán como un mecanismo superior a la orden médica, haciendo nula la autonomía proclamada en la Ley Estatutaria. Para que la autonomía realmente exista, la prescripción del médico debería ser la única autorización válida, premisa que se consideró como un logro en la Ley Estatutaria.
Finalmente, el Defensor consideró que los usuarios esperan que el Congreso avance en el proceso de reglamentación, de acuerdo con el cronograma adoptado pero incluyendo las disposiciones que así lo requieran para garantizar a los usuarios el real acceso a los servicios de salud.
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