Ante el hacinamiento carcelario y de las URI, así como de las graves condiciones en que están los presos, y la radicalización del paro del funcionarios del Inpec, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió en que se debe declarar la emergencia social carcelaria.
Otálora indicó que esto permitiría que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tenga facultades extraordinarias “no solo para las reformas procesales que se consideren convenientes, sino para planes de choque en la contratación, en la ubicación de sitios y en la construcción de nuevos espacios de centros carcelarias”.
De acuerdo con el defensor, esta medida es necesaria ya que la problemática carcelaria “se está volviendo un megaproblema en el Estado y no está teniendo la respuesta que se requiere”.
Otálora dijo que es necesario que el Gobierno Nacional y el sindicato del Inpec reanuden el diálogo ya que el anuncio del Inpec, de cesar actividades en Bogotá va a empeorar la crisis del sector.
“Lamentablemente la información que tenemos es que esas negociaciones están en hora cero. No ha pasado absolutamente nada, no hay una conversación fluida. El Gobierno Nacional no se ha sentado hablar con los sindicatos y eso hace más gravosa la situación”, señaló.
GRAVE SITUACIÓN HUMANITARIA
Dada esta coyuntura la Defensoría realizó una nueva visita de inspección humanitaria a los centros de detención transitoria, evidenciando la presencia de 1.333 personas, 667 de ellas en las Unidades de Reacción Inmediata y 666 más en las estaciones de policía, los calabozos de la SIJIN y las celdas del CTI de la Fiscalía en el complejo de Paloquemao.
Durante el recorrido, los funcionarios de la Institución constataron también la convivencia de, al menos, 80 mujeres que en celdas, pasillos y exteriores, comparten espacio con hombres sindicados y condenados por diferentes delitos.
Así mismo, se encontraron 20 personas enfermas con patologías que van desde la tuberculosis y la epilepsia, pasando por la diabetes y la deficiencia renal, hasta internos con cáncer de garganta y VIH, la mayoría de los cuales denuncia inasistencia médica y maltrato por cuenta del hacinamiento que ya supera el 200 por ciento.
Uno de los casos que presentó la defensoría tiene que ver con el de una joven de 18 años que tiene 3 meses de embarazo y que fue golpeada dentro de la URI de Kennedy. Además, se indicó que la joven quedó en embarazo estando ya detenida.
“Es un tema en el que estamos pidiendo atención prioritaria. La madre se encuentra en este proceso y ya lo pusimos en conocimiento de las autoridades”, apuntó.
POR URI
Ciudad Bolívar: con capacidad para 55 detenidos, alberga 103 hombres y 11 mujeres. 93 permanecen en celdas y 21 en los pasillos. Hay 3 personas con beneficio de detención domiciliaria y 2 enfermos, uno con epilepsia y un paciente psiquiátrico.
Kennedy: con capacidad para 50 personas, alberga 152 hombres y 18 mujeres. 89 están en celdas y 81 en pasillos, 22 tienen detención domiciliaria y conviven 8 personas enfermas, una tuberculosis, otra con epilepsia, dos con diabetes y cuatro más con problemas psiquiátricos.
Puente Aranda: con capacidad para 80 personas, alberga 128; 120 en celdas y 8 en los pasillos; hay 6 personas con detención domiciliaria y un enfermo con cáncer.
Engativá: con capacidad para 35 detenidos, alberga 86 en celdas y 42 en pasillos y unidades móviles; 19 detenidos fueron cobijados con el beneficio de detención domiciliaria.
La situación más compleja en las estaciones de Policía se presenta en el Aeropuerto El Dorado, donde hay 23 mujeres y 68 hombres para un total de 91 personas. De estos, 7 tienen detención domiciliaria y 5 presentan enfermedades, 4 de ellos con VIH.
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