La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer funciones públicas a 11 integrantes de la Armada Nacional por incurrir en grave violación al Derecho Internacional Humanitario relacionado con el ‘falso positivo’ de una persona.
Los uniformados pertenecían al Grupo de Reconocimiento Cobra del Batallón de Contraguerrillas No.1 adscrito a la Primera Brigada de Infantería de Marina de la Armada Nacional que funciona en Corozal (Sucre).
Los sancionados son: Víctor Miguel Salazar Jiménez, Óscar de Jesús Acosta Pabuena, Edinson Corrales Ruiz, Nelson Rafael González Luna, Juan Moreno Vásquez, Jorge Eliécer Barrera Chica, Julio José Baldovino Mercado, Carlos Martínez Acosta, Óscar Javier Marrugo López, Samir Elías Romero Pérez y Silvio Efraín Mazo Ibáñez.
De acuerdo con el fallo disciplinario, en el curso de la investigación la defensa no logró demostrar que la víctima estuviera participando directamente de las hostilidades propias del conflicto que vive el país.
Las pruebas documentales recaudadas por el ente de control evidenciaron que la víctima no hacía parte de algún grupo ilegal, que no tenía antecedentes ni requerimientos ante la justicia, que vivía en el Carmen de Bolívar con su familia y que contaba con un trabajo normal, a pesar que la defensa intentó argumentar que la víctima era un subversivo.
La Procuraduría catalogó las faltas desplegadas por estos servidores públicos como gravísimas, cometidas a título de dolo, al considerar que vulneraron el derecho fundamental a la vida.
Contra esta decisión de primera instancia procede el recurso de apelación.
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