Un juez de Bogotá dictó medida de aseguramiento en Colombia contra Víctor Maldonado, considerado uno de los cerebros del desfalco InterBolsa.
La funcionaria judicial avaló la solicitud de la Fiscalía General al considerar que Maldonado representa un peligro para la sociedad debido a la gravedad de los hechos materia de investigación.
Indicó que a pesar de los 69 años de edad que tienen Maldonado y la enfermedad de próstata que sufre el empresario, la defensa no certificó médicamente que el hombre no pueda permanecer en un centro carcelario en Colombia.
Cabe recordar que el empresario está detenido en España, por lo que ahora la Fiscalía reforzará la solicitud de extradición, incluso se espera que en los próximos días viaje el propio vicefiscal Jorge Fernando Perdomo y la fiscal del caso Alexandra Ladino para impulsar está solicitud.
Por otro lado, se conoció que Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, también implicados en estos hechos, se encuentran concretando un principio de oportunidad con la Fiscalía, medida a la que se negarían las víctimas del caso.
LAS CUENTAS DE MALDONADO
Víctor Maldonado fue acusado de los delitos de estafa, captación masiva de dinero, negativa de reintegro de dineros y concierto para delinquir, según la Fiscalía cometió varias irregularidades en el manejo de millonarios recursos que depositaron inversionistas, mientras se desempeñó como principal accionista del Fondo Premium.
Indicó la fiscal delegada que el empresario conocía plenamente cada detalle de las operaciones financieras realizadas en Interbolsa S.A. y el Fondo Premium, con transacciones para su beneficio con destino a empresas de las cuales era socio y que a propósito fueron liquidadas para evadir la devolución del dinero de los inversionistas.
Así mismo, dijo que Víctor Maldonado desviaba el dinero de los inversionistas, el cual iba a parar a las firmas Malta S.A. en liquidación, Tres Palmas en liquidación y Helados Modernos S.A. en liquidación, las cuales no tenían el aval de la Superfinanciera para la captación de dinero por su objeto social.
El imputado con su actuación engañó a 1.028 inversionistas, quienes entregaron más de 64 millones de dólares.
Expresó la fiscal que las víctimas son “personas del común, sin preparación en temas financieros, estafados con maniobras engañosas como de la alta rentabilidad, portafolios de poco riesgo, actividades financieras pasivas y con intereses que eran supuestamente calculados en dólares y en el exterior”.
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