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Drummond no podrá suspender contratos ni congelar salarios

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 El viceministro de Relaciones Laborales, José Noé Ríos, reiteró que la multinacional Drummond no podrá realizar cancelaciones de contratos ni congelar salarios; por cuenta de la suspensión del cargue con barcazas que le fue impuesto por el Gobierno Nacional. De incurrir en esa práctica, la carbonífera se vería expuesta a millonarias sanciones por parte del ministerio del Trabajo. 

“En caso de que llegaran a hacer un despido serán sujetos de todas las sanciones que la Ley tiene establecido para el particular”, indicó el Viceministro. 

Ríos señaló que esta medida solo se podría efectuar en casos fortuitos o de fuerza mayor, como terremotos, incendios, entre otros. Así las cosas, no aplica bajo las actuales circunstancias puesto que la carbonífera estaba advertida desde hace cinco años sobre las implicaciones de no cumplir con el cargue directo. 

Aunque la empresa no ha solicitado oficialmente al Ministerio de Trabajo la suspensión de contratos, Ríos fue enfático en que de presentarse la petición “no están dadas las condiciones” para que esa cartera la acepte, puesto que “de ninguna manera, están incursos los trabajadores en las razones por las cuales se da la suspensión de cargue, pero esperamos sinceramente que no hagan la solicitud”. 

Ante la parálisis en la operación del cargue, donde laboran 420 personas, el funcionario precisó que existen diversos mecanismos para la administración del recurso humano, y que la empresa podría realizar una reasignación de labores, otorgar vacaciones o tomar otras medidas, que no impliquen perjuicio para los empleados. 

Ríos desestimó los argumentos dados por la multinacional sobre el retraso en la construcción del muelle de cargue directo. 

Aunque Drummond ha dicho en reiteradas ocasiones que dicho retraso se debió a la huelga de 53 días que surtió por parte de los empleados, el viceministro dijo que en el plan de emergencia que se adoptó durante el periodo de ésta “no se incluyó las cesación de actividades para los trabajadores que estaban en la construcción del puerto”. 

Es decir que ellos fueron “excluidos expresamente y siempre pudieron desarrollar sus actividades, ellos nunca estuvieron en huelga”, apuntó. 

Además, explicó que ninguno de los trabajadores de la Drummond trabajan en la construcción del puerto, pues esa infraestructura la están adelantando los empleados de las empresas contratistas. 

Drummond tiene 5.300 empleados directos y 4.100 contratistas, que no se tendrían que ver afectados por en el lío ambiental y jurídico que enfrenta la compañía. Además, a la multinacional no se le suspendió la explotación de carbón, por lo que “han debido prever -seguramente lo hicieron-, como continúan las actividades de la empresa con capacidades de almacenamiento mientras se termina el puerto de cargue directo”, concluyó Ríos. 

ANTECEDENTES 

La polémica se generó luego de las declaraciones emitidas por el presidente de la Drummond, José Miguel Linares, el pasado 20 de diciembre, en donde dijo que la suspensión de operaciones a la compañía tendría un impacto en el empleo: “si se suspenden las operaciones tendríamos que detener los contratos de trabajo de cerca del 80% de nuestros trabajadores", señaló. 

Tres días más tarde, el 23 de diciembre, el Ministerio del Trabajo advirtió a la Drummond que no autorizaría una eventual cancelación de contratos y llamó a la carbonífera a respetar “el principio de estabilidad y la garantía del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones a que tienen derecho los trabajadores”. 

"GOBIERNO DEBE DEMANDAR A DRUMMOND" 

Mientras tanto, el senador por el Polo Democrático Jorge Enrique Robledo coincidió con que el Gobierno no debe autorizar el despido masivo de trabajadores; al tiempo que instó a demandar a la multinacional por las pérdidas económicas y el impacto negativo en exportaciones que traerá la suspensión de operaciones de cargue. 

Según el congresista, el deber del Gobierno Nacional es demandar a la multinacional por cada dólar que deje de recibir el país por regalías y demás conceptos, pues la medida impuesta responde solo a la "negligencia" de la compañía. 

El parlamentario criticó que la decisión de la ministra de ambiente, Luz Helena Sarmiento, fuera tomada hasta ayer, 8 de enero, y los cinco días que le otorgó para terminar de cargar lo que tienen en puerto. “Con vivezas, el Gobierno le autorizó a Drummond el cargue con barcazas hasta el domingo, es decir, le dio 12 días de violación a la ley”, aseveró.

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