Un estudio de la Universidad Nacional y la Registraduría del Estado Civil reveló que el 4 % de la población colombiana, principalmente indígena, no cuenta con un registro civil y, por lo tanto, no han nacido en la vida jurídica, haciendo que técnicamente no existan para el Estado.
El antropólogo Sergio Lesmes, investigador de la Nacional, explicó que para el estudio se preguntó en los pueblos indígenas cómo se realiza el proceso de registro e identificación, y se determinaron las razones por las que estos no logran disfrutar plenamente de la oferta institucional de la Registraduría, incluyendo la participación política.
Para el diagnóstico, el grupo de investigadores habló con funcionarios públicos de los entes de registro municipales y delegados departamentales, líderes y autoridades indígenas de La Guajira, Cesar, Guaviare, Chocó, Cauca, Vaupés y Amazonas, y con las comunidades instaladas en estas regiones.
Las largas distancias que deben recorrer comunidades como los Embera, Wayúu, Arhuaco, Wiwa, Nasa, Misak y Kankuamo, para realizar el registro, es uno de mayores obstáculos que se presenta para acceder a los derechos y beneficios que ofrece el Estado.
Es el caso de los departamentos de Vaupés y Chocó, en donde los indígenas pueden tardar entre uno y tres días viajando en lancha para llegar a la población más cercana y hacer los trámites en la Registraduría; y en zonas como La Guajira, que requieren de largos viajes a través de terrenos desérticos y asumir los costos correspondientes.
Ante esta problemática, Liliana Gracia Hincapié, antropóloga e investigadora del Iepri, señala que el Estado ha dispuesto a la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, un esquema móvil que intenta llegar lo más cerca posible a esos territorios.
Sin embargo, es un equipo que a pesar de sus esfuerzos y alcances no logra atender las necesidades de registro e identificación de toda la población indígena del país.
Para el Estado, existen tres tipos de registro: nacimiento, matrimonio y defunción, y en cada uno hay un subregistro particular que representa una falta de información respecto a las estadísticas vitales.
Otro aspecto importante para la inscripción de los miembros de estas comunidades indígenas son las barreras culturales.
Yamile Rojas Luna, abogada con estudios en interculturalidad e investigadora de la Nacional, resalta que la brecha cultural entre los funcionarios y los indígenas, que incluye la amplia diversidad de lenguas (65 en total) y costumbres, ocasiona errores recurrentes tanto en el diligenciamiento de las fechas de nacimiento como en la escritura de los nombres y apellidos.
La ausencia de garantías en la participación política se convierte también en uno de los grandes límitantes para estas poblaciones, ya que el país tiene un vacío legal que impide reconocer a los territorios indígenas como municipios articulados a la división político administrativa, lo que implica que para ejercer el derecho al voto, tienen que desplazarse hasta el distrito electoral más cercano.
Muchas veces votan gracias a que, varios días antes de las elecciones, los partidos políticos subsidian los traslados e invierten en su movilización. A cambio, son persuadidos a votar por ciertos candidatos, muchos de estos externos a sus comunidades, lo cual pone en riesgo tanto los procesos políticos como el desarrollo y la permanencia de movimientos políticos indígenas.
Finalmente, aseguran que para superar estas barreras se necesita de un trabajo articulado entre diferentes entidades como los ministerios de Salud, Educación e Interior, entre otros órganos e instituciones del Estado.
Gracias a estos hallazgos los investigadores recomiendan tener en cuenta las particularidades de cada pueblo indígena, capacitar e integrar a miembros de las comunidades para que sirvan como intermediarios y facilitadores, y destinar mayor presupuesto a la identificación y participación política.
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