El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, arremetió en contra del acuerdo al que llegaron el Gobierno y guerrilla de las FARC en La Habana, para poner fin a las hostilidades, al estimar que es “incompleto, insuficiente” y no da garantías que esa organización ilegal se desmovilizará integralmente.
Por eso, Ordóñez pidió al Gobierno Nacional corregir los acuerdos “para asegurar que realmente las FARC desaparecerán como organización armada. No se puede admitir una falsa desmovilización y un falso desarme. El fin de las FARC debe ser para siempre”.
Esto porque, en su criterio, el acuerdo publicado permite que más de la mitad de los integrantes de aparatos violentos de esa organización no se desmovilicen.
“El Acuerdo publicado no desmantela la infraestructura económica y de redes criminales que permiten que las FARC se rearmen y vuelvan a atacar en cualquier momento”, dijo Ordóñez.
La crítica de Ordóñez radica en que a las zonas de ubicación de miembros de las FARC solo se desplazarán quienes hacen parte de “misiones, comisiones y unidades tácticas de los Frentes” de la organización, lo que deja por fuera a las milicias, que tiene una labor de apoyo logísitico y militar y que tienen alto nivel de participación en atentados, que son francotiradores y encargadas de poner minas.
Para Ordóñez, las "milicias han sido en el último tiempo más relevantes en las hostilidades contra la fuerza pública que las unidades de guerrilla". Al mismo tiempo, dice el Procurador, el acuerdo no señala elemento alguno sobre los militantes del Partido Comunista Clandestino Colombiano PC3, que supuestamente estarían involucrados con acciones de las FARC.
"¡Es claro! El documento convenido por el presidente Santos y 'Timochenko' no obliga la desmovilización total de las FARC", señaló.
Sobre este punto, el Gobierno Nacional ha informado que el acuerdo de desarme también incluye a las milicias que además tienen que cumplir con los requisitos de verdad que incluye la Jurisdicción de Paz so pena de quedar sujetas a penas más duras.
En las cuentas del Gobierno 7.500 personas serían las que tendrían que entregar las armas. Ahora bien, estas milicias no estarían en las zonas de concentración.
Para el Procurador, los acuerdos no garantizan el desmentelamiento de la infraestructura económica del grupo y la desarticulación de sus redes de criminalidad organizada, particularmente las relacionadas con el narcotráfico. "Un Acuerdo no se puede basar en la buena fe de las FARC, se requiere que existan garantías ciertas que impidan que las FARC puedan rearmarse. Tales garantías no existen en los Acuerdos hasta ahora presentados", insistió.
El Procurador señaló además que en su crtierio, el mecanismo de monitoreo y verificación no tiene mandato para establecer la verdad sobre el total de armas de las FARC así esté en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
"El monitoreo y la verificación se hará sobre las armas que las FARC voluntariamente quieran reconocer y entregar a la ONU. Un Acuerdo de este tipo no se puede basar en la buena fe de las FARC y en la ingenuidad del Gobierno", señaló.
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