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El CNE investiga trashumancia electoral en una tercera parte del país

Si se cumple la ley, antes de finalizar agosto las llamadas empresas electorales que se conforman para realizar trasteo de votos de un municipio a otro y favorecer candidatos, estarían empezando a ver cómo se les podría caer la estantería, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a responder las denuncias que se presentaron en 375 municipios del país.

Esta labor, según el vicepresidente del CNE, Felipe García, se dio gracias a una nueva reglamentación que permitió al organismo abrir de oficio estas investigaciones, las cuales comprenderán no sólo los últimos meses del periodo de inscripción de cédulas, sino que se remontarán a octubre del año pasado.

En entrevista con Colprensa el magistrado García anuncia igualmente que se denunciará penalmente a quienes promuevan ese trasteo de electores y a los propios ciudadanos que se presten para eso. Destacó que por primera vez la Fiscalía designó un equipo de más de 100 personas para ese fin.

- ¿Tras el cierre de las inscripciones de candidatos en qué tareas está el CNE?
Estamos centrados en tres tareas además de las ordinarias. Con el cierre de inscripciones del 25 de julio y el plazo para las modificaciones, que finalizó el pasado 31 de julio, corresponde al CNE revisar esas inscripciones para revocar por inhabilidades, cuando se verifiquen con plena prueba. También por doble militancia. Y lo que ocurre en estos días es que se presentan unas solicitudes o demandas para revocar la inscripción alegando supuestas inhabilidades, esos casos ya empiezan a llegar. Ya tuvimos la primera decisión, con la que se negó la solicitud de anular la inscripción del candidato Didier Tavera a la Gobernación de Santander, contra quien se alegaba la doble militancia teniendo en cuenta que era congresista de Opción Ciudadana y se inscribió por el Partido Liberal.

- ¿Qué otros casos de demandas en candidaturas a gobernaciones tienen por definir?
Hay muchas; hasta el momento han llegado 80 solicitudes de revocatoria, la única que se ha decidido es esta de Tavera.

- ¿Qué plazo se han fijado para responder estas demandas?
Estos son procedimientos que se deben adelantar rápidamente, porque deben estar listos por tarde un mes antes de la fecha de la elección, para darle la oportunidad al partido, en los casos en que prospere la revocatoria, de inscribir un nuevo candidato.

- La trashumancia electoral y la anulación de cédulas, ¿cómo van?
Este es otro de los temas y, creo, la más importante de las que tenemos. La trashumancia, además de ser un delito, es una práctica perversa que atenta directamente contra la democracia y contra el voto popular. Lo que se hace es alterar la voluntad popular llevando a ciudadanos de otros municipios a tomar decisiones detrás de las cuales hay organizaciones criminales.

- ¿Dónde están concentradas esas bandas o grupos que promueven la trashumancia?
Normalmente en municipios ricos, que reciben o tienen un presupuesto alto por razón de las regalías petroleras, o por razones del impuesto predial.

- ¿Desde el CNE que se ha hecho para evidenciar esa trashumancia?
En particular se modificó la resolución sobre trashumancia, que obligaba a esperar el cierre de inscripción de cédulas para iniciar las investigaciones. Con la nueva resolución pudimos iniciar investigaciones sobre trashumancia en cualquier tiempo y de oficio, sin esperar denuncias. El gobierno nacional expidió el decreto que obliga a las entidades públicas a dejar sus bases de datos a disposición de la Registraduría, para que haga cruces de datos con base en el archivo nacional de identificación y el censo electoral y nos entregue esa información para determinar en qué casos hubo trashumancia.

- ¿Eso ya se dio?
Sí, ya se cumplió. Lo que hicimos fue señalarle los criterios para el cruce de la base de datos y por eso en sala plena se tomó la decisión de asumir la investigación, de oficio, de los 375 municipios de los cuales habíamos recibido denuncias. No sólo vamos a investigar las cédulas denunciadas, sino toda la inscripción de cédulas que se dio desde el 25 de octubre del año pasado. Calculo que en dos semanas estamos produciendo las primeras resoluciones. Lo vamos a hacer con suficiente antelación, para que el 25 de octubre ya se hayan introducido nuestras decisiones y se hayan dado de baja esas cédulas en los respectivos territorios en donde se inscribieron. Adicionalmente hemos trabajado de la mano con la Fiscalía y hay 150 personas exclusivamente dedicadas a la investigación de delitos electorales, unos 60 fiscales y 90 investigadores. Ya se han producido detenciones.

- ¿Cuál será el procedimiento legal posterior a la anulación de las cédulas?, ¿se presentarán demandas penales?
De todo eso le corremos traslado a la Fiscalía y se encarga de iniciar la persecución del delito desde el punto de vista penal.

- ¿Esas denuncias contra quiénes irían?
El que promueve la trashumancia está incurriendo en el delito de inducir a un grupo de personas a hacer una inscripción irregular, detrás de ese es que vamos nosotros. Esos personajes son los que hay que neutralizar, pero adicionalmente el trashumante, es decir el ciudadano que inscribió su cédula en un lugar distinto, está haciendo una manifestación bajo la gravedad del juramento y, sino es cierto, estaría incurriendo en delito.

- ¿La publicidad extemporánea cómo se investiga?
Es el tercer gran tema, hemos recibido unas 550 denuncias por propaganda electoral extemporánea, lo que venimos investigando desde diciembre, pero adicionalmente hemos producido 58 resoluciones de medidas preventivas por medio de las cuales, por ejemplo, ordenamos a los alcaldes retirar del espacio público toda propaganda que se hubiera detectado aún desde el inicio de la investigación, estas son facultades que tomamos por ser policía administrativa y de forma precautelativa.

- ¿La campaña formal va hasta cuándo?
La campaña como tal ya inició, va hasta 24 horas antes de las elecciones.

- ¿La campaña en plaza pública y la publicidad se miden igual?
Hay que distinguir el tema de la propaganda con las manifestaciones públicas. En materia de propaganda, desde el 25 de julio se puede hacer utilizando el espacio público, y desde el 28 de julio en los medios de comunicación. Esto se extiende hasta 24 horas antes de las elecciones.

- ¿La publicidad en los periódicos se rige igual?
Toda la propaganda se suspende 24 horas antes.



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