Los 100 días de gobierno del presidente Iván Duque Márquez han tenido muchos matices, entre ellos uno en el que no hay podido tener un mayor dominio, aunque él mismo prefiere llamarlo respeto e independencia. Se trata de las relaciones con el Congreso de la República.
Esa relación desde el propio 20 de julio, cuando se instalaron el nuevo Senado y Cámara de Representantes, avizoró que sería compleja, en donde no tendría mayorías como era tradicional que cada gobierno nuevo que llega aseguraba un amplio respaldo.
Y fue en septiembre, un mes después de estar gobernando, cuando el panorama quedó claro, Duque tan sólo aseguró como partidos de gobierno al Centro Democrático (su partido), La U, el Partido Conservador y los partidos cristianos Mira y Libres; mientras dos partidos de alta influencia al momento de las votaciones, Cambio Radical y Liberal, se fueron por la independencia, y en la oposición se declararon la Alianza Verde, Polo Democrático, Farc, Decentes y los indígenas.
Esa situación, que es novedosa en la reciente historia de Colombia, ha llevado a que el trámite de reformas clave como las enmiendas constitucionales de justicia y política han avanzado con muchas críticas y con el respaldo justo para ser aprobadas. El paquete de normas legislativas anticorrupción ha corrido una suerte similar, sin mayores acuerdos. Las últimas cuatro semanas que quedan de esta legislatura será además muy clave lo que pase con la reforma tributaria, otro interés del gobierno.
Igualmente, de la agenda del gobierno ha llegado al Congreso el acto legislativo que prohíbe que los delitos de secuestro y narcotráfico sean conexos con los delitos político, que fue parte de la base de los acuerdos de paz con las Farc.
El presidente Duque, frente a esa situación, dice que “hemos presentado un paquete de reforma que permiten luchar contra la corrupción, algunas se están moviendo más rápido, otras menos, espero que el Congreso le de celeridad a ese trámite de los proyectos y que garantice que la construcción de la paz en Colombia se haga justicia, verdad y reparación y no repetición. En ese sentido estamos trabajando institucionalmente y lo seguiremos haciendo, esperando un buen desenlace para los colombianos".
El presidente del Senado, Ernesto Macías, asegura que la discusión se está dando en el Congreso de los proyectos, tanto del gobierno como de los congresistas, incluyendo las reformas del paquete anticorrupción.
La senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano es más tajante en decir que el gobierno ha sido desordenado en el trámite de las reformas, y que en el tema del mandato de la consulta anticorrupción al mismo le están haciendo “conejo”.
NO AVANZA
Para este miércoles, cuando ya los tiempos son muy justos para el trámite de leyes y reformas, una ley que tiene mensaje de urgencia, es decir la discusión conjunta en las comisiones primeras, la ley que renueva la vigencia de la ley de orden público no tuvo acuerdo para ser votada.
Al defender el alcance del proyecto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que este proyecto “tiene una especial importancia, porque está de por medio un posible proceso con el ELN, sobre el que el presidente Iván Duque se ha pronunciado públicamente, afirmando que tiene la mano tendida, siempre y cuando se devuelva a los secuestrados y haya un compromiso de cesar la violencia”.
Frente a las críticas que se le han hecho al texto, en el sentido que se cierran las puertas a posibles nuevos diálogos, Gutiérrez señaló que las modificaciones de este proyecto obedecen a que la coyuntura actual no es igual a la de hace cuatro u ocho años.
“Este gobierno, que ha tomado tan en serio la necesidad de darle estabilidad al país y ha llevado al presidente Iván Duque a desplazarse, al territorio colombiano, a los sitios de mayor dificultad y confrontación, para tener, de primera mano, la percepción y definir cómo enfocar la solución de los problemas, caracterizada territorialmente”, declaró la jefe de la cartera política.
Precisó que la ley no acaba los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y “se crean unas zonas especiales que están identificadas como resultante del acuerdo de La Habana. Se proponen zonas estratégicas de intervención integral, que obedecen a una lógica de seguridad nacional, es decir, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y de buscar la equidad, a través de programas sociales”.
Por su parte, el senador del Partido Mira Carlos Eduardo Guevara sostuvo que “no más secuestros, ni más atentados terroristas. Este proyecto debe servir para que se realice una paz integral. Me parece una medida positiva la restricción del porte de armas".
A su turno, el senador Temístocles Ortega sostuvo que votará la ampliación de la vigencia de la llamada ley de orden público, y precisó que “el orden público no es solamente la sensación de tranquilidad, es el resultado del orden social, del orden económico”.
La votación se volvió a aplazar y quedó para este jueves.
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