El Consejo de Estado tumbó la segunda sanción de destitución e inhabilidad que, por catorce años, le había sido impuesta a la exsenadora Piedad Córdoba, por la Procuraduría General de la Nación.
Con esta determinación, Córdoba revive para el ejercicio de la política, puesto que le fueron revocadas las dos sanciones que el entonces procurador Alejandro Ordóñez le había impuesto: una por la llamada 'Farcpolítica' y otra por supuestas irregularidades en el Partido Liberal.
Esta segunda sanción fue dispuesta por entregar 25 millones de pesos, en el 2010, a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, en las elecciones legislativas de aquel año.
Córdoba señaló que en este caso la Procuraduría se abrogó competencias que no tenía, porque el estudio de esos hechos, de ser irregulares, sería competencia del propio Consejo de Estado y no del Ministerio Público.
El pasado 9 de agosto, la Sala Plena del Consejo de Estado anuló la sanción de destitución e inhabilidad por 18 años impartida a Córdoba por presunta asesoría a las FARC, en hechos ocurridos en 2008. Ese fallo ordenó indemnizarla con el pago de los salarios que dejó de recibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizaba ese período legislativo.
Esta decisión fue tomada luego de que la coorporación tuviera en cuenta que las pruebas recolectadas por el Ministerio Público se basaban en información obtenida de los computadores de Luis Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes', en la llamada 'Operación Fénix'.
“La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contemplan el ordenamiento jurídico colombiano, ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para esos efectos”, manifestó el presidente de la Corporación, Danilo Rojas, en su momento.
Para la Sala Plena, el Ministerio Público “vulneró los derechos” de Córdoba al sancionarla sin tener en cuenta la legalidad de las evidencias, razón central para tumbar el fallo proferido por ese organismo de control en el que señaló a Córdoba de extralimitarse en sus funciones y atribuciones por sus acercamientos con las FARC.
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