En un documento de 25 páginas, el Consejo de Estado ha plasmado algunos de los reparos que tiene sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), como la reparación, las personas que serían juzgadas, el uso de la tutela, entre otros.
El presidente de la Corporación, magistrado Danilo Rojas, explicó que el documento fue entregado a los negociadores del Gobierno y que contiene reflexiones sobre asuntos que actualmente estudia y que no queda en claro como pasarían a tratarse en la JEP.
“El doctor De la Calle nos mencionó en un video que veía con muy buen criterio el documento, que había asuntos que no habían sido suficientemente detallados en los acuerdos. Asumo que eso será objeto de análisis y de estudio en los proyectos de ley y actos legislativos”, dijo Rojas en referencia a la reglamentación de la JEP.
En ese sentido, Rojas pidió participación del Consejo de Estado en esos proyectos de ley, que deberían ser presentados si gana el ‘Sí’ en el plebiscito el próximo domingo. Además, reveló que el Gobierno no los ha contactado como sí lo hizo ya con la Corte Suprema de Justicia.
LOS REPAROS
En primer lugar, se señala que la Jurisdicción Especial podrá revisar sanciones emitidas tanto penal, como disciplinaria y administrativamente, aunque procesará y sancionará a personas por hechos relacionados con el conflicto.
Esto la haría enfocarse especialmente en el área penal, sin que se especifique qué sucederá con las personas jurídicas ni a aquellas sujetas al régimen de responsabilidad estatal, sobre las cuales tiene competencia el Consejo de Estado.
En ese sentido, para la Corporación se tiene que coordinar la JEP y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con respecto a los procedimientos que se adelantan para la reparación de víctimas del conflicto y aquellos que involucran responsabilidad estatal.
“Para efectos penales hay unas reglas aparentemente claras, pero no tan claras para lo administrativo. ¿Qué va a pasar con la cosa juzgada en los casos de responsabilidad que ya hemos decretado y en donde hemos condenado al Estado? En muchos de esos fallos hemos mencionado nombres completos de los responsables, en donde puede haber acciones de repetición. ¿Qué va a pasar con la cosa juzgada de las reparaciones integrales que nosotros hemos venido haciendo de acuerdo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?”, se preguntó.
En ese sentido, Rojas propone que se establezca en la reglamentación de la JEP que se mantiene la cosa juzgada sobre los hechos, para que las historias sean las mismas y que se establezca qué va a pasar con la reparación integral.
“Resulta curioso que en los acuerdos no se hable de “reparación integral” que es el término adecuado”, explicó Rojas. En el documento, se señala además que "no (se) prevé un estándar claro de reparación, pues no se refiere explícitamente a la reparación integral en desarrollo de esta jurisdicción".
Entre las dudas, también se destaca no saber qué va a pasar con la tutela ya que el Acuerdo plantea la existencia de un recurso, ante una Sección de Apelaciones, cuando decisiones de la JEP aparentemente vulneren derechos.
"Es necesario definir si la implementación de la JEP debe acompañarse de una reforma constitucional para determinar con claridad la competencia de los jueces frente a las tutelas que versen sobre hechos del conflicto, las que se interpongan en contra de sentencias emitidas por los magistrados de dicha Jurisdicción Especial y aquellas que busquen la defensa del debido proceso por actuaciones de las Salas o Secciones”, dice el documento.
Igualmente, para el Consejo de Estado "también está por fijarse la duración de la JEP, pues no se incluye en el Acuerdo"; así como el reglamento interno y los costos de la misma. De acuerdo con un documento del Consejo Superior de la Judicatura, el costo anual del Tribunal para la Paz, incluyendo todas sus secciones, salas y secretarías, sería de 81.437 millones de pesos anuales.
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