El presidente Juan Manuel Santos se hará presente hoy en San Andrés, luego de que declarara que no comparecerá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, CIJ.
Al conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el que se declara competente para conocer y entrar al proceso de fondo de las dos demandas presentadas por Nicaragua, el presidente Juan Manuel Santos decidió que “Colombia no seguirá compareciendo” ante el tribunal.
La decisión de Santos cayó bien en la clase política del país que vio con buenos ojos no arriesgarse más ante el tribunal, pero para los académicos no deja de ser riesgosa en la medida en que la Corte continuará las audiencias sin la presencia de Colombia. Santos, entretanto, anunció que buscará llegar a un tratado directo con Nicaragua.
En ese sentido, ¿qué fue lo que dijo la Corte? y ¿qué implicaciones tiene su decisión? Pues bien, cabe recordar que la Corte estudia dos demandas de Nicaragua contra Colombia. Una, interpuesta el 16 de septiembre de 2013, mediante la cual Nicaragua busca que la CIJ le reconozca los derechos sobre una supuesta plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas a partir de la costa. La segunda demanda fue interpuesta el 26 de noviembre de 2013, con la que Nicaragua quiere que Colombia cumpla el fallo del 19 de noviembre de 2012, que aumentó su extensión marítima.
Pues bien, en esta última demanda la CIJ rechazó cuatro excepciones presentadas por Colombia que argumentaban que el tribunal no era competente y en ese sentido dio vía libre para comenzar el proceso de fondo y poder establecer, si como lo denuncia Nicaragua, se violaron los derechos adquiridos en el fallo de 2012. Frente a la demanda que tiene que ver con la plataforma continental extendida la votación de la Corte quedó empatada ocho a ocho, pero finalmente se rechazaron las excepciones.
Una vez conocida la postura de la Corte, en una alocución acompañado de la canciller María Ángela Holguín y del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, Santos dijo que la Corte se declaró competente, “no para verificar si Colombia está incumpliendo el fallo de 2012, sino sólo si había desconocido los derechos de Nicaragua, a la luz del derecho consuetudinario. Y reconoció que la presencia de Colombia en las aguas internacionales no significaba una amenaza del uso de la fuerza”.
De la demanda que busca extender la plataforma continental, Santos advirtió que “esta es una pretensión que ya había planteado antes a la Corte, y que este tribunal había negado en su fallo del año 2012. Es decir, ese tema ya era cosa juzgada. Con base en esto, Colombia se opuso de manera tajante a esta pretensión nicaragüense, pues la Corte no podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado”.
Además Santos señaló tres contradicciones de fondo en las que, según él, incurrió la Corte: “no respetó su propia sentencia del año 2012; desconoció su Estatuto que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado; y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que no hacemos parte, que es la Convención del Mar”.
En ese sentido, subrayó que decidió que Colombia “no seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia (...) Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes”.
DECISIÓN POLÍTICA
El coagente de Colombia, Manuel José Cepeda, en declaraciones dadas durante rueda de prensa, explicó que el estatuto de la Corte permite que un país no comparezca, “en ese caso la Corte debe tomar una decisión, pero verificando que los fundamentos de derecho y de hecho invocados por Nicaragua son sólidos. Es decir, la no comparecencia no significa que automáticamente Nicaragua ganaría en la controversia. La Corte debe mirar que desde el punto de vista de las pruebas y de derecho, Nicaragua tendría razón. No es un triunfo automático para Nicaragua en el fondo. Aquí lo fundamental es la decisión política que ha tomado el presidente Santos de no comparecer en este caso porque la Corte no respetó su propio fallo y le va aplicar a Colombia la Convención de derechos de Mar de la cual Colombia no hace parte”.
Indicó además que Colombia ha sido muy clara y respeta el derecho internacional y, en consecuencia le ha pedido a la CIJ que también lo respete, “que respete su propio fallo en que el hubo cosa juzgada. Colombia claramente dijo que no era parte de la Convención del Mar y por lo tanto no se le podía aplicar esa convención”.
Frente al futuro del litigio, Cepeda destacó que en tres años o más cuando la Corte entre en la discusión de fondo, el tribunal tendrá que analizar si realmente Nicaragua logra probar que tiene una plataforma continental extendida, “lo cual hasta ahora no ha sido probado. La Comisión de Límites de Naciones Unidas tampoco ha emitido una recomendación en la que conste que Nicaragua tiene una plataforma continental extendida por lo tanto no hay claridad y también ese país tendrá que demostrar el derecho que le permite alegar una plataforma continental extendida a pesar de que Colombia no hace parte de la Convención de Mar”.
La canciller Holguín se mostró tranquila y aseguró que no se sienten derrotados y que comenzarán a trabajar en buscar un tratado con Nicaragua. “No nos sentimos derrotados, pero sí sentimos que la Corte está tomando unas decisiones trascendentales de una forma en que no es usual en ninguna Corte del mundo”.
Agregó que los dos presidentes —el de Colombia y el de Nicaragua— han expresado la voluntad de firmar un tratado, pero que hay que advertir “que debido a que Nicaragua llevó el tema a la Corte, la posibilidad de un tratado no la habíamos adelantado”.
¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE?
Mientras que los líderes de los partidos políticos respaldaron la decisión de Santos, entre ellos el Centro Democrático, los analistas coincidieron en que fue una decisión riesgosa y no auguran un final feliz para Colombia, al advertir que no es común que un país no comparezca ante la Corte.
Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, explicó que indudablemente al país le fue mal en La Haya, pero que no comparecer no ayuda mucho. “Esta fue una audiencia de excepciones preliminares que es un momento procesal muy distinto a la decisión de fondo. La aspiración de Colombia era la de bloquear las dos demandas de Nicaragua, pero la Corte rechazó las excepciones presentadas. Esto allana el camino para dos procesos de fondo, uno de ellos sin precedentes en la historia del derecho internacional y es un proceso por incumplimiento de un fallo de la Corte”.
Para el profesor Molano la decisión de la Corte hace parte de una cadena de desaciertos del Gobierno colombiano durante los últimos años.
“Ha habido un discurso sumamente infortunado, hubo unas salidas en falso y unas declaraciones muy nocivas que se hicieron al fragor de los acontecimientos de noviembre de 2012. Además, creo que el gobierno perdió la visión de política exterior en favor de las preocupaciones de la política interna. La Corte ha trasmitido un mensaje tanto jurídico como político y es que un Estado no puede intentar sustraerse a sus compromisos internacionales y que el derecho internacional sí importa”.
Carlos Arévalo, profesor de la maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, indicó que la decisión de Santos de no comparecer es un error.
“En la demanda de la plataforma continental extendida la admisibilidad quedó con una votación ocho-ocho. Es decir, muchos estaban de acuerdo con la posición de Colombia, lo que me hace pensar que estarían de acuerdo con la decisión de fondo de que Nicaragua no tiene derecho a una plataforma continental extendida. Es un error grave el dejar que el proceso siga sin que Colombia comparezca”, señaló.
Para el académico, es impensable que el Gobierno no haya contemplado el hecho de que podía perder y debió tener sobre la mesa la posibilidad de que la Corte tenía competencia. “Después de esta decisión de Santos, la Corte nos puede obligar a reparar al país que está en el litigio y decir que se le generó un perjuicio a Nicaragua y nos toca pagar una compensación económica por haber incumplido ese fallo. En ese sentido, no solamente Nicaragua nos quitaría el mar sino que además nos tocaría pagar, por eso le insisto, esta es una decisión que tiene un alto costo político”. Para Arévalo también no es común que un país no acate a la Corte, “de hecho todos los fallos terminan cumpliéndose”.
Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, dijo que con la decisión de Santos se corre un riesgo demasiado grande. “Considero que tenemos una buena defensa para ganar el caso sobre el fondo. Los procesos van a seguir sin que se presente la posición de Colombia y ahí hay un riesgo. Me explico, Santos dijo que la Cumbre del Mar no es aplicable, pues ese tema deberíamos haberlo presentado en el fondo y ese es uno de los argumentos que tiene Colombia para ganar el caso y en la medida en que no se presente, la Corte va a quedar con una sola visión, la de Nicaragua”. El académico coincidió en que no es común que un Estado no acate las decisiones de la Corte.
Por último, Mauricio Reyes, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Nacional, indicó que tiene dos lecturas. La primera es a la luz del derecho internacional y en ese sentido, dijo que no comparecer “es una opción negativa, ya que el proceso no se va a detener y lo que va a pasar es que nos hará perder la representación en el caso”.
La segunda lectura del académico tiene que ver con que Santos desaprovechó una oportunidad en el pasado y es ver una opción política que forzara a Nicaragua a una negociación directa. “Para mí la decisión es grave desde el punto de vista del derecho internacional público no acatar a la Corte. No deja de ser una decisión riesgosa”..
Comentarios ()