Durante este fin de semana la guerrilla de las Farc aceptó su responsabilidad en dos hechos graves, en primer lugar su responsabilidad en la muerte de los dos soldados secuestrados en Nariño, que murieron por golpes y contusiones y, por otro lado, su responsabilidad en los cultivos ilícitos del país. Sin embargo, el mea culpa no ha sido completo.
El pasado viernes la guerrilla sostuvo que luego de la década de los 80 se involucraron en el negocio del narcotráfico avalando el cultivo y luego empezando a cobrar un "impuesto revolucionario" a los traficantes que adquirían los productos, por lo que con el tiempo se convirtieron en intermediarios de este negocio.
Así mismo, dicen que actuar como mediadores ha sido el gran pecado que han cometido con respecto al narcotráfico y que por eso, no aceptan acusaciones hechas por las autoridades colombianas sobre su presunta responsabilidad en el procesamiento y distribución directa.
De acuerdo con el comunicado, “si alguien en Colombia deposita todo el fragor de su odio contra las Farc, es el gran capital financiero narcotraficante”, al que le corresponde pagar el primer 'impuesto' sobre la comercialización de las drogas ilícitas, y porque después de eso tienen que sobornar a “las instancias de la seguridad del Estado, a los países de tránsito y a las autoridades del país de destino de la droga”.
Sin embargo, el hecho de que la guerrilla no acepte una responsabilidad directa en la distribución y comercialización de la cocaína, así como tampoco en la violencia que este flagelo ha generado en Colombia, no convierte este avance en suficiente para el proceso de paz.
Según el analista, León Valencia, “creo que hay unos reclamos que la sociedad le hace a las Farc y es su participación en los eslabones de la cadena del narcotráfico, el cultivo y procesamiento de la hoja de coca y el impuesto a la pasta de coca. Es bueno que ellos acepten esas situaciones porque estaría cerca la firma de un acuerdo con el Gobierno”.
En este momento, Gobierno y guerrilla están discutiendo el punto 3 del acuerdo general para la terminación del conflicto, “sobre las drogas ilícitas”.
Otro hecho que llamó la atención, fue que la guerrilla aceptó su responsabilidad en la muerte del Mayor Germán Méndez Pabón y del patrullero Edílmer Muñoz Ortiz, de la Policía Nacional, en Tumaco, Nariño.
Pese a que justifican los métodos con los que los ultimaron, ya que Medicina Legal asegura que los dos uniformados murieron luego de varias contusiones, este grupo armado ilegal sostiene que la muerte de los dos secuestrados fue culpa del acoso militar de las tropas del ejército.
“Su captura desató una gran operación militar de persecución, en la que, como ya es costumbre, lo menos que tienen en cuenta es la vida de los retenidos. Sin tiempo para comunicar su situación a sus superiores, los milicianos que los conducían, acosados por media docena de helicópteros artillados y múltiples patrullas, se vieron obligados a proceder contra ellos, cuidándose de no emplear sus armas de fuego por razones de seguridad”, sostiene la guerrilla.
Para Armando Estrada, ex ministro de Gobienro, aceptar estos hechos no cambia en nada la realidad del conflicto, “son unas actuaciones que rompen con el derecho colombiano e internacional humanitario de una forma infame y cruel que no se puede admitir. Pese a que las conversaciones se adelantan en medio del conflicto, hay que reclamar un poco de respeto a la vida”.
Y agrega que “las Farc poco colaboran para una salida a las negociaciones. Hay peligro de no refrendación de los acuerdos por sus acciones y actuaciones, haciendo cada día que los colombianos miremos con más desconfianza ese proceso”.
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