El paro agrario divide a sus protagonistas

En todo el país se vive el paro nacional agrario.
En todo el país se vive el paro nacional agrario. // COLPRENSA
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Dice el refranero popular que "guerra avisada no mata soldado" y desde hace mes y medio, cuando se anunció el paro, el Gobierno desplegó una estrategia que, llegada la fecha fijada para la protesta, ha provocado división entre los promotores, pues unos están decididos a participar y otros, aunque lo respaldan, no lo harán. 

En el caso de los caficultores, que han logrado canalizar el 60 por ciento de los recursos ofrecidos por el Gobierno al sector agropecuario, es decir 900 mil millones de pesos de un total de 1,5 billones de pesos, se mantiene la separación entre quienes respaldan a la Federación de Cafeteros y los que siguen al movimiento Dignidad Cafetera. 

Incluso es clara la división en está última organización, en la que algunos departamentos, que tuvieron una activa participación en el paro que se realizó entre el 25 de febrero y el 8 de marzo de este año, en esta ocasión han anunciado que respaldan la manifestación pero con caravanas, como es el caso de Antioquia, y en Huila donde al parecer aceptaron una oferta oficial que les promete mantener para el 2014 ciertas ayudas financieras, no se sumará. 

LAS RAZONES 
Algo similar ocurre entre los productores de cacao. Ómar Acevedo Ramírez, vocero del Consejo para la Defensa del Cacao y de la Mesa Nacional Cacaotera, explica que se suman a la movilización porque se han incumplido los ofrecimientos hechos por el Gobierno. 

"Falta apoyo a la comercialización de los cacaoteros, falta control de importaciones y no han rebajado los precios de los agroinsumos", enumera el dirigente. 

En la vía contraria está la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao), que considera que "no es por las vías de hecho como se deben conseguir las cosas", y destaca que está garantizado el auxilio de 800 pesos por kilo hasta finales del año, lo cual permite hacer una planeación más adecuada por parte de los cacaocultores. 

Otro sector sin unanimidad frente a la protesta es el de transporte. La Asociación de Transportadores de Carga por Carretera (ATC) y la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) decretaron la inmovilización camionera a partir de este lunes, e insisten en que la manifestación está más fuerte que nunca y que su intención es apagar los vehículos como protesta ante lo que califican constantes abusos del Gobierno, en especial en lo que se refiere a la fijación del precio de los combustibles y las tarifas para la movilización de mercancías. 

Por su parte, hace poco, Colfecar le pidió al ministerio de Transporte aplicar plenamente la regulación de fletes mediante el sistema de "libertad vigilada", pero sin hacer alusión al paro. 

APOYO SIN MOVILIZACIÓN 
Los productores de leche consideran que deberían estar en la primera línea de la protesta, pero la Cámara Gremial de la leche de Fedegán, decidió no sumarse al paro. 

No obstante, el gremio aprovechó para insistir en que está al borde de la quiebra y que ya empezó a ser excluido del mercado por el impacto de los Tratados de Libre Comercio y la falta de una política pública lechera. 

Adicionalmente los productores lácteos aseguran que "sabemos quiénes están detrás del paro y no estamos dispuestos a marchar al lado de aquellos que tienen otros intereses y han propiciado el profundo deterioro del campo". 

En ese sentido Oscar Vélez, integrante de la Federación Antioqueña de Productores de Leche, dijo que "como representante de los productores del Norte, el Oriente y todo el departamento, nuestro respaldo es total al paro agropecuario, pero nos aislamos de la protesta porque nuestra producción no admite frenos, no tenemos sino capacidad de almacenamiento de horas y máximo dos días, para los que tienen tanques de almacenamiento, pero los pequeños, la gran mayoría, no. Estamos en la construcción de todo lo que tiene ver la política gremial agropecuaria de este país". 

En el caso de la minería, agremiaciones como Acopi Antioquia dijo respaldar el derecho a la protesta, pero rechazó las vías de hecho que han generado la alteración al orden público. "Consideramos inconveniente que se insista en la aplicación de normativas que estigmatizan a los mineros tradicionales y artesanales del país, sin presentar alternativas que posibiliten la formalización".

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