De historias trágicas por minas antipersonal está llena Colombia. Como la de María Suárez, quien un jueves, hace 10 años, salió al patio de su casa por unos plátanos para hacer la comida de su esposo y pisó un explosivo.
“Estaba confiada, pues el Ejército había desactivado un artefacto de su huerta. Pero cuando los soldados se fueron, la guerrilla al parecer volvió a minar y la mujer se paró en la mina. Perdió sus dos pies”.
El anterior relato es de Jaime Silva, secretario de Gobierno de Puerto Asís, Putumayo, uno de los 23 municipios señalados por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), con problemas en sus territorios por tener artefactos explosivos diseminados por grupos armados ilegales.
Y es que Putumayo es uno de las regiones en los que el Gobierno debe centrar sus esfuerzos para llegar a la meta que el presidente Juan Manuel Santos se impuso ayer: una Colombia sin minas en diez años. A este esfuerzo se le deben sumar departamentos como Antioquia, Meta, Arauca, Caquetá, Córdoba, Nariño, Bolívar, Tolima; localidades que concentran en un 50 por ciento la afectación por minas antipersonal.
“Las minas tienen un costo enorme, no solo para militares sino para civiles. Más de 11 mil víctimas desde el año 90. Imagínese poder decir que en el 2025 Colombia está libre de minas, ese es un paso muy importante”, dijo Santos.
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