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En el Consejo Nacional Electoral no hay "diferencias de fondo"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido criticado por la falta de autonomía y la injerencia que podrían tener los partidos políticos sobre los magistrados que lo conforman, pues son propuestos y elegidos por las colectividades que están en el Congreso de la República, las mismas que tienen que vigilar.

Al organismo, que regulará las campañas que se hagan por el sí, el no y la abstención del plebiscito para la paz -si es aprobado por la Corte Constitucional-, lo han calificado de "politizado" y "débil".   Tal es el caso del magistrado del CNE, Armado Novoa, quien dijo este martes que si no se cambia el Consejo, se podrán afectar los aspectos positivos del acuerdo de paz.

"Yo voy a decir algo muy fuerte, pero creo que es mi deber institucional decirlo: sin una reforma electoral, con esta organización electoral, las normas que queden plasmadas en la constitución o en las leyes van a ser un saludo a la bandera, porque no va a haber una autoridad con independencia y autonomía que logre aplicarlas con un criterio de neutralidad política”, aseguró.

Pero además, persiste una división que no ha permitido que tengan una mesa directiva oficial desde finales del mes de noviembre del año pasado, que parece continuar en otros aspectos. Sobre esas afirmaciones, sobre la posible existencia de una división y sobre la propuesta de suprimir el Consejo y crear otras entidades de la Fundación Paz y Reconciliación, habló con COLPRENSA el magistrado y exvicepresidente del organismo, Felipe García.

- ¿Cómo ve la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación, frente a suprimir el Consejo Nacional Electoral y crear varias entidades que se encarguen de sus funciones?
Creo que es importante que el debate se dé, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el origen de postulación de los magistrados y la duplicidad en dos órganos que son la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral, cuando podrían estar integrados en un solo órgano.
Ahora, esto no es nuevo. Es un tema que se viene discutiendo desde hace más de un año, cuando con el doctor Emiliano Rivera integrábamos la mesa directiva y se propuso por parte del PNUD la ejecución de foros para recoger propuestas. Una reforma electoral debe incluir en cualquier caso, una discusión y una propuesta de reforma en lo que tiene que ver con la estructura. 

- ¿Qué opina de lo dicho por el magistrado Armando Novoa, respecto a que si no se hace una reforma, las cosas buenas del proceso de paz se podrían perder, porque el Consejo no tiene ni la fuerza ni la autonomía para aplicar las normas?
No opino lo mismo porque esa falta de autonomía es administrativa, no es una falta en lo que tenga que ver con sus funciones y eso tiene entre otras cosas, una solución. La autonomía está dada en la Constitución, pero en la práctica no la tiene porque para efectos de sus recursos, de contratación, etcétera, depende de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

- El magistrado Novoa dijo que a ningún partido “se le ocurre ir al Consejo Nacional Electoral porque allá no pasa nada bueno”…
Su comentario me parece cuando menos injusto, si tenemos en cuenta que solamente el año pasado el Consejo Nacional Electoral expidió más de 6300 resoluciones en un año y 993 conceptos. Estamos hablando, a grandes rasgos, del trámite de cerca de 7500 asuntos durante el año 2015.

- Dijo también que cuando hay crisis el Gobierno toma las cargas del Consejo, como en la campaña contra la trashumancia electoral. ¿Es verdad?
En las elecciones regionales de 2015 se dio una lucha contra la trashumancia con resultados exitosos, que no se había dado nunca en la historia del país. Solo por trashumancia se expidieron más de 1370 resoluciones y se anuló la inscripción irregular de casi un 1.400.000 cédulas.
La organización electoral puede participar de una labor colaborativa con respeto a su independencia. El hecho de que el Gobierno Nacional haya expedido un decreto, que sirvió como herramienta para que esa lucha fuera exitosa, no quiere decir que el Consejo renunció a sus competencias, porque no solamente no lo hizo, sino que hizo una labor que dejó fuera de combate a mafias electorales que buscaron apoderarse de buena parte de municipios del país. Entonces, se desconoce el trabajo que se hizo y del cual hizo parte el mismo magistrado que hace las críticas.

- ¿Entonces el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no definía anticipadamente las inscripciones de cédulas que se tenían que anular, como lo dijo el magistrado Novoa?
¡Pero por supuesto que no! Fue de mucha ayuda el trabajo del Ministerio en la producción y en la expedición del decreto que sirvió como herramienta para que tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral pudieran adelantar, en tan corto tiempo, una labor tan efectiva.

- Cambiando un poco el tema, ¿por qué se hicieron dos audiencias para estudiar con los partidos la consulta que propone Roy Barreras y el Partido de la U, como un "plan B" si no sale el plebiscito?
Básicamente porque la audiencia había sido convocada por la sala y el magistrado ponente decidió de manera unilateral cambiar la hora de la audiencia y produjo un auto dentro de ese expediente para ese propósito. La primera audiencia, la de la mañana, había sido convocada por la sala, y la segunda, la de la tarde, por el magistrado ponente.

- Precisamente es el magistrado Novoa, el ponente, dijo que se cambiaba la hora porque algunos partidos no podían asistir, ¿pero entonces no se consultó?
El secretario de la sala certificó que no había habido una solicitud de sala extraordinaria para el cambio de la fecha o la hora por parte del magistrado ponente.

- El Consejo sigue divido y no han podido elegir un presidente. Y las dos audiencias reflejaron la misma división por la que no han podido elegirlo. En la primera estuvo Yolima Carrillo, Carlos Camargo y usted, y en la segunda, Novoa con Héctor Elí Rojas, Ángela María Hernández, Alexander Vega y Bernardo Franco…
Puede que haya sido coincidencia, pero sí está reflejado así. Faltó el magistrado Emiliano Rivera porque está en uso de una licencia. Pero el hecho de que hubiésemos estado así no tiene nada que ver con esa discusión.

- ¿Hay divisiones de fondo dentro de estos dos grupos y que de cierta manera puedan dificultar el trabajo del Consejo?, porque de hecho Novoa dice que no se podían hacer mayorías en el organismo para decidir
Diferencias de fondo no hay. De los intentos de elección que ha habido en sala, ninguna propuesta ha tenido la mayoría requerida y por eso es que no hay un presidente nombrado en propiedad. Pero de ahí a que la razón sea de fondo, pues no.

- El mismo magistrado dice que en el organismo se refleja más la posición de los partidos que la institucional, ¿Esa polarización que hay entre el Centro Democrático y los partidos de coalición de gobierno, quienes apoyan la paz y el mismo Gobierno Nacional, se puede reflejar en el organismo ahora que empezaron a tocar los temas referentes al proceso?
Pues yo creo que Novoa habla por él. Y esto es importante dejarlo claro: cuando él hace esas manifestaciones las hace a título personal, de manera que si él considera que su juicio como magistrado está afectado por la influencia de los partidos, esa es una manifestación propia y personal que no puedo compartir ni debatir. Cada cual habla del ejercicio de su función pública, de acuerdo con su propio proceder.
En mi caso particular, tengo que decirle que mis decisiones en la sala no están de ninguna manera alteradas, afectadas o influidas por ningún partido político y no reflejan si no única y exclusivamente mi juicio jurídico.

- Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo que la decisión del Consejo frente al caso de Oneida Pinto había sido influenciada por la magistrada Yolima Carrillo pues, según él, su pareja habría sido el secretario de la exgobernadora de la Guajira. ¿Qué decir al respecto?
Me parece, por decir lo menos, una acusación temeraria y además amparada en un hecho que no es cierto. Yolima Carrillo no fue la magistrada ponente de la solicitud de revocatoria de inscripción de esa candidatura. El ponente fui yo. De manera que de entrada, esa manifestación es totalmente falsa y por supuesto absolutamente temeraria.

- Pero entonces qué pasó para que dijeran que sí estaba habilitada y finalmente fuera destituida
Fue una decisión basada en lo que se alegaba era una incompatibilidad y la posición mayoritaria de la sala. En este caso seis magistrados consideraron que no correspondía al Consejo Nacional Electoral pronunciarse sobre aspectos de incompatibilidades, sino solamente de inhabilidades. Yo aclaré voto en relación con esa ponencia, porque considero que en relación con esa incompatibilidad en particular, la Corte Constitucionalidad ya se había pronunciado diciendo que era realmente una inhabilidad, mal llamada incompatibilidad, y por tanto el examen sí debía hacerse de fondo y se hizo.
Sin embargo, el Consejo de Estado, al atender la demanda de nulidad electoral, modificó la jurisprudencia de la materia, cosa que no había hecho en el pasado y por eso se trata de una sentencia en la cual pretende sentar jurisprudencia nueva en relación con esa causal en particular. 



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