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En este 2013, 31 menores han sido víctimas de minas antipersona

En la historia de violencia del país las cifras constatan que quienes más sufren el conflicto armado son los niños. A principios de este año, fiel a la trágica constante, una bebé, su madre y una segunda menor de edad cayeron en una trampa mortal. Pisaron una mina tipo ‘borradora’, en el departamento del Putumayo, la que según las autoridades habría sido sembrada por la guerrilla de las Farc.

Esa mina, además de quitarle la vida a la recién nacida, le causó graves lesiones en los oídos y ojos a su madre, de 18 años, y dejó sin piernas a la otra niña, de tan solo 14 años.

Este es uno de los más de mil casos en los que los niños, que son aproximadamente la mitad de las víctimas de las minas antipersona, han sido violentados por esta modalidad terrorista.

Según las cifras entregadas por el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonales, (Paicma), en los últimos 22 años se han registrado más de 10 mil víctimas en todo el territorio nacional. De ese total 4017 son civiles y 6454, miembros de la Fuerza Pública.

El director del Paicma, David Ávila, explicó que en promedio se presentan dos víctimas diarias y de la cifra total dijo que “ya son más de 1000 niños y niñas, lo cual representa casi el 10 por ciento de toda la población que ha sido víctima de las minas antipersonal”.

“Este año ya son 31 menores de edad que han sufrido una afectación por minas”, enfatizó Ávila, quien agregó que el 48 por ciento de ellos han sufrido el accidente al momento de manipular artefactos abandonados. Sin embargo, la cifra podría ser aún mayor teniendo en cuenta que muchas familias no hacen el trámite necesario para que el afectado pueda recibir atención por parte del Estado.

Según el International Campaing for the Banning of Landmines (ICBL) Colombia es el tercer país más minado en el mundo, después de Camboya y Afganistán y es el único de Latinoamérica que aún siembra artefactos explosivos.

LA TRAGEDIA

Las afectaciones más comunes por mina antipersona, munición sin explotar (MUSE) o artefacto explosivo improvisado (AEI) son heridas en las extremidades, en la piel, fracturas, quemaduras y amputaciones. Este tipo de lesiones o discapacidades requieren intervenciones a largo plazo.

Para el representante en Colombia de War Child Holland, Ramin Shanzamani, la mayoría de los sobrevivientes de estos artefactos son personas en condición de discapacidad, quienes deben recibir terapias de rehabilitación, físicas y psicológicas, “la afectación es bastante grande, si alguien cae en una mina, va a cambiar totalmente la situación de este niño o esta niña y de su familia”.

Expresó que debido a que la mayoría de los casos se da en el campo, “estas personas se encuentran con obstáculos adicionales por las distancias entre los centros adecuados para la prestación de estos servicios y sus hogares, y además deben ser acompañados por algún familiar”.

Por su parte la directora de la Fundación Agencia de comunicaciones –Pandi-, Ximena Norato, dice que para una familia víctima de ese flagelo resulta más económico, por tiempo y dinero, no informar.

“A pesar de los apoyos que da el Estado, estos resultan insuficientes, pues no atienden de manera integral la complejidad del fenómeno” dijo Norato, quien además explicó que más del 90 por ciento de los casos ocurre en zonas rurales y en familias de bajos recursos que deben iniciar su trámite por ir al hospital más cercano y de allí a Bogotá o ciudad capital que ofrezca el Estado para la recuperación.

LOS INDÍGENAS Y LAS MINAS

La situación de la infancia y la adolescencia de los grupos étnicos minoritarios reporta los peores niveles de garantía y ejercicio de los derechos, para los expertos, están expuestos a continuos combates y constantes amenazas de minas antipersona sembradas en sus comunidades.

Según las cifras del Paicma una de cada diez víctimas civiles, pertenece a un grupo étnico minoritario. Esto revela el grado de afectación de los territorios indígenas y afrocolombianos con la siembra masiva de minas antipersonal.

“En lo que va corrido del 2013, cinco niños y niñas indígenas han sido víctimas de las minas antipersona” afirma el Director de esa fundación quien dice que la situación, podría explicarse por la intensidad del conflicto en esas regiones del país, donde residen los menores de edad, pertenecientes a grupos étnicos.

LOS NIÑOS TAMBIÉN SIEMBRAN MINAS

Los menores de edad no solo son víctimas de las minas antipersona, también se convierten en victimarios por el reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley, como las guerrillas de las Farc y el ELN, además de las Autodefensas, quienes los usan como objeto para fabricar y sembrar los artefactos explosivos.

Ese es el caso de Cadelina, una niña de 16 años, a quien se le cambió su nombre verdadero, por seguridad.

Esta adolescente estuvo vinculada con un grupo armado ilegal durante tres años, actualmente se encuentra en proceso de desvinculación y recuerda que, “había personas que nos entrenaban para eso, para poderlas hacer, poderlas enterrar y poderlas desactivar”.

Además, Cadelina recuerda cuál era el mecanismo para sembrar las minas, “primero se hacía una inteligencia por donde iría a pasar el Ejército o por donde iba a pasar el enemigo como muchos lo llamamos allá, seleccionábamos el sitio y enterrábamos la mina. Pero uno no pensaba que por acá pasan campesinos, solo pensábamos a tal hora pasara el Ejército, enterrábamos la mina y nos quedábamos pendientes a que pasara”.

De acuerdo con las cifras de Unicef, sobre la caracterización de las niñas, niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, como ella, cerca del 33 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, recuperados del conflicto armado, afirmaron que entre las tareas que tenían que cumplir estaba armar y sembrar minas antipersona.

ANTIOQUIA, EL MÁS AFECTADO

La Acción Integral contra Minas Antipersona en su informe a julio de 2013, revela que 31 de los 32 departamentos del país se han visto afectados por ellas.

Son cinco regiones que más han padecido las consecuencias de este flagelo, encabezadas por Antioquia, que registra 2.324 víctimas y seguida por Meta, con 1.064 episodios; Caquetá, con 815 casos; Norte de Santander, con 745 y Nariño, con 712.

Se resalta que Amazonas es la única área de Colombia que no tiene hechos de este tipo.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional tiene claro que se debe seguir trabajando hasta lograr cero víctimas de este flagelo, por lo cual hace un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que cese la utilización de estos artefactos.

 

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