La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de siete años de prisión impuesta en 2015, por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá al expresidente de Interbolsa S.A. Rodrigo Jaramillo, por los hechos que llevaron al descalabro de la comisionista de bolsa, en 2012.
Para el tribunal la pena aplicada por el juzgado es ajustada a los delitos de administración desleal en concurso con manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores, aceptados por Jaramillo.
Igualmente, la Sala Penal del Tribunal no cambió el lugar de reclusión de Jaramillo, quien continuará cumpliendo con su pena en su domicilio en Medellín, beneficio que en su momento se le otorgó por su edad de más de 70 años, y su estado de salud.
Los delitos por los que fue condenado el empresario tienen que ver con el aumento de más del 214 % del valor de las acciones de la firma Fabricato, las cuales tenían un costo de 29 pesos cada una y fueron incrementadas irregularmente hasta llegar a un valor de 84 pesos la unidad, de acuerdo con el reporte de la Bolsa de Valores en el 2011.
De la misma manera, según la Fiscalía, Jaramillo facilitó créditos de endeudamiento por intermedio de Interbolsa Holding, en detrimento patrimonial de Interbolsa S.A. El daño calculado sería de más de 200 mil millones de pesos.
“Fueron maniobras fraudulentas con el fin de subir el valor de la especie Fabricato. Fue un manejo amañado de las acciones sin un sustento dentro del mercado, sin estudios, sin fundamentos, solo con el fin de lucrarse, según la información allegada por la Superintendencia Financiera”, sostuvo la Fiscalía.
Para el ente acusador se registró un incumplimiento de las normas del mercado de valores para afectar el precio, así como la falta al deber de asesoría por parte de la comisionista al no dar la información completa a los inversionistas o actuar sin su consentimiento o autorización.
De la misma manera, se registró el incumplimiento de las normas del mercado de valores relacionadas con posibles conflictos de interés afectando a terceras personas naturales o jurídicas.
Para lograr la condena en las dos instancias, la Fiscalía General presentó pruebas como los estados financieros, libros electrónicos de órdenes, grabaciones correos electrónicos, chats, los testimonios de clientes afectados y de testigos que colaboraron con la administración de justicia.
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