El presidente de la República, Juan Manuel Santos, adelantó este viernes una reunión con la Comisión Nacional de Moralización, de la cual hacen parte los diferentes entes de control, para continuar con las medidas relacionadas con la situación de La Guajira. Tras el encuentro, el Primer Mandatario anunció que desde ahora ningún pago se hará en efectivo.
“Se expedirán los actos administrativos de la gobernación y de las alcaldías para que los pagos públicos se hagan mediante bancos, o de corresponsales no bancarios, porque el efectivo es tal vez el principal aliado de la corrupción”, afirmó.
Dentro de las medidas también se encuentra el impulso a una campaña de pedagogía por parte del Ministerio de Educación para fomentar los valores que permitan combatir la corrupción, el uso de identificación biométrica para garantizar los servicios sociales como la educación.
Y con “la Fiscalía y la Procuraduría vamos a realizar las gestiones necesarias para trasladar las principales investigaciones por corrupción al nivel central. Eso ha dado buenos resultados”.
De hecho, ya hay 48 procesos que están en Bogotá, y la mitad de ellos son investigaciones que se relacionan con antiguos gobernadores del departamento.
CIFRAS ALARMANTES
Según los estudios que se han hecho por parte de la Contraloría, dijo el presidente, los mayores problemas se concentran en el Sistema General de Participación, es decir, los recursos que van para la salud, la educación y el agua.
Sectores que tras los escándalos de corrupción empezaron a ser administrados por los ministerios de Educación, Salud y Vivienda, y que tienen como misión proteger los 785 mil millones de pesos que se invierten.
A su vez se señaló que la Contraloría ha encontrado cifras alarmantes que resaltó el mandatario: “el departamento, en los últimos 30 años, ha recibido unos 3 mil millones de dólares en regalías” y de inmediato preguntó: "¿En dónde está esa plata? No se encuentra dónde se invirtió”.
En ese tipo de investigaciones también encontraron que el 32 % del detrimento que hay en el Programa de Alimentación Escolar se da en este departamento. “La Contraloría ha hecho unas investigaciones sobre el detrimento patrimonial a través de los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y por ejemplo en La Guajira, descubrió un detrimento por 20.000 millones de pesos que explica el 32 % de la totalidad del detrimento a partir de este sistema en todo el país”, dijo Santos.
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