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En la mesa de La Habana, amenaza menos la violencia, pero apremia la justicia

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Aunque hace un mes el presidente Juan Manuel Santos endureció su discurso frente al país, anunciando un plazo para evaluar el futuro de los diálogos de paz, la decisión de las FARC de extender el cese unilateral parece haberle dado un nuevo aire de confianza a la mesa, previo a la tormenta que promete ser la discusión del punto sobre el fin del conflicto y la implementación de los acuerdos.

Durante este periodo, además de las medidas para desescalar el conflicto y agilizar las conversaciones, se sumaron pronunciamientos de la insurgencia para reiterar su voluntad de iniciar los protocolos para la devolución de los menores de edad que se encuentran en sus campamentos.

Además, para abordar el tema de la justicia transicional, el gobierno incorporó a tres expertos juristas, uno de ellos estadounidense, como asesores en uno de los puntos más espinosos de los diálogos. El único hecho que frenó el ritmo de trabajo fue la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, en medio de la ejecución del plan piloto de desminado en El Orejón, Antioquia.

Precisamente este acuerdo conjunto, que se pactó en momentos de desconfianza por parte de la opinión pública, aún no se reinicia, ya que las partes intentan mejorar las condiciones de seguridad en la zona que será descontaminada. Porque, más allá de las dificultades técnicas, la guerrilla denuncia que la presencia de grupos paramilitares es la principal causa de que el desminado esté paralizado en esta región.

“La comunidad del Orejón ha solicitado acciones concretas por parte del Gobierno y reclama certeza de que el Gobierno va a despejar el territorio de la presencia de grupos paramilitares y a implementar planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito que les tocó asumir como única forma de sobrevivencia”, dice un comunicado del grupo guerrillero.

DESESCALAR CON MÍNIMOS HISTÓRICOS

De acuerdo con un reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) el último mes fue el de menor actividad violenta del conflicto desde 1974, tanto por acciones de las FARC, como de operativos ofensivos de las Fuerzas Armadas. El documento aclara que si bien el cumplimiento del cese el fuego por parte de la guerrilla fue incompleto, las acciones violatorias fueron más bajas que en sus últimas treguas.

Dicha información concuerda con la que entregó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que aunque durante estos 30 días hubo hostigamientos y delitos, ninguno fue lo suficientemente grave para pensar que se violó la tregua y por ello considera que hubo un "cumplimiento aceptable".

En el balance del Gobierno se registraron cuatro bajas guerrilleras en desarrollo de operaciones militares, 36 presentaciones voluntarias y 83 capturas, neutralizando así a 123 integrantes de las FARC en un mes. El ministro expuso cuatro hostigamientos que ponen en duda la solidez de este cese el fuego, sumadas a denuncias por extorsión, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas y de explosivos y reclutamiento de menores.

Por ello afirmó que "es necesario acelerar la negociación en La Habana y en esa mayor velocidad los temas de justicia, desarme, desmovilización y reparación a más víctimas y por supuesto el cese el fuego bilateral y definitivo. Porque terminar el conflicto es el mejor cese del fuego, pero requiere voluntad, decisión y muchas horas de trabajo".

Ante este panorama el director del Cerac, Jorge Restrepo, asegura que serán más exigentes los siguientes pasos que deberán tomar el Gobierno y las FARC en materia de desescalamiento, pues es un hecho que las acciones violentas están en sus mínimos históricos: “Que se hayan reducido los niveles de parte y parte creo que desactiva la violencia como una amenaza para la mesa de negociación. Ahora, más que reducir esos niveles, es dar pasos que generen confianza en la mesa”.

Para el analista, lo más conveniente por parte del Gobierno sería suspender las acciones ofensivas a la guerrilla, manteniendo operativos de registro y control de área. Asimismo considera que el ideal de desescalamiento por parte del grupo armado sería restringir su movilidad y renunciar definitivamente al uso de la violencia.

EXTRADICIÓN Y JUSTICIA TRANSICIONAL

El cambio en la dinámica de los ciclos de negociación permitió que al debate público llegaran temas como la refrendación de un eventual acuerdo final y los posibles mecanismos para que se implementen legalmente.

Asimismo, por el Congreso empezó a rondar una iniciativa con la que se modificarían los requisitos para la extradición, se darían herramientas para la repatriación y no se extraditaría a todos aquellos que se acojan a un proceso de justicia transicional, incluyendo a los jefes de las FARC.

El representante a la cámara del Polo, Víctor Correa, explicó que no se busca beneficiar a la insurgencia, sino respaldar las garantías de justicia a las víctimas del conflicto armado.

“Tenerlos aquí es una manera de decirles a las víctimas que los implicados están contribuyendo con la construcción de paz, porque si tenemos la opción de que sean extraditados, nos veríamos obligados a que la construcción de esa justicia se diera frente a lo que los victimarios han hecho en otros países y no frente a la realidad de nuestro país”, aseguró el congresista.

La propuesta también la respaldan sectores académicos y de la jurisprudencia, como el que representa el abogado Luis Gustavo Moreno, conocido por haber denunciado las llamadas 'fábricas de falsos testigos'. Explica que “para que el proceso de paz sea eficaz, el elemento esencial es la verdad, para esto es necesario que haya un acto mínimo de reconocimiento de responsabilidad, de castigo y de reparación por parte de los victimarios, para que exista una armonía social”.

Así las cosas, más que acuerdos parciales, al término de la ronda de diálogos se espera que las partes sigan dando a conocer gestos para disminuir la intensidad de la guerra y aumentar la confianza de los colombianos, quienes a su vez continúan a la espera de la ‘fórmula mágica’ que propondrá el Gobierno para refrendar un eventual acuerdo final de paz.

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