En la Unidad Nacional de Protección se esperaba la crisis

16 de noviembre de 2014 12:26 PM

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 Para la Unidad Nacional de Protección (UNP) 2014 no ha sido un buen año. En el segundo semestre distintas situaciones han puesto a la entidad en el ‘ojo del huracán’. Críticas, falta de plata y actos de corrupción desataron una crisis que prendió las alarmas sobre la protección en el país.

Este organismo fue creado en octubre de 2011, bajo el decreto presidencial 4065. Se encarga de brindar medidas a personas amenazadas y que pertenezcan a poblaciones objeto de especial vigilancia: periodistas, líderes sindicales, servidores públicos, defensores de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, desplazados y docentes.

El programa de protección funciona bajo la consigna de enfoque diferencial, permitiendo que todos los esquemas sean pensados bajo las características específicas del protegido; por ejemplo, a la Guardia Indígena se la dota de bastones de mando y a poblaciones apartadas se les brindan canoas o botes para facilitar movilidad.

Desde sus inicios la UNP tuvo que enfrentar retos; el primero, recibir el programa de protección del extinto DAS, desafío difícil por las condiciones en las que se disolvió esa entidad. Muy pronto ocurrieron el atentado al exministro Fernando Londoño, que acabó con la vida de dos de sus escoltas, y el suicidio de Angélica Bello, defensora de derechos humanos que era protegida por la UNP.

Andrés Villamizar, hijo del ex zar antisecuestro Alberto Villamizar y de la periodista Maruja Pachón, ha estado en el organismo desde el comienzo. Cuando el Ministerio del Interior estaba en cabeza de Germán Vargas Lleras, Villamizar lideró los temas de seguridad ciudadana y en 2011 pasó a dirigir la Unidad.

LA PEOR CRISIS

Puede decirse que la entidad nunca vive un ambiente de calma, pues los temas y casos que circulan por sus pasillos son densos y nunca fáciles de tratar: a diario se habla de amenazas, violencia y miedo.

Sin embargo, este año la falta de dinero y otros problemas internos hicieron que la UNP enfrentara la situación más compleja que ha pasado en su corta historia, tanto que ya están en tela de juicio su funcionamiento y su existencia.

En agosto, tras enfrentar las críticas por el asesinato al periodista de Tarazá (Antioquia), Luis Cervantes, a quien acababan de retirarle la escolta, la UNP cayó de lleno en un nuevo problema: parte del personal encargado de las contrataciones estaba involucrado en corrupción.

Villamizar dijo ante medios que luego de una investigación asesorada por la Secretaria de Transparencia, conoció que funcionaba un cartel de corrupción en el que estaban involucrados el secretario general, Julián Marulanda, quien hoy es prófugo de la justicia, y Luis Eduardo Molino, director administrativo, que fue capturado en flagrancia.

Ocurría que cuando la Unidad debía prestar servicios a protegidos fuera de Bogotá, los funcionarios encargados de determinar la prestación del servicio y a qué compañía los daban, presentaban cobros muy por encima del valor real y pedían sobornos para agilizar el pago de facturas millonarias.

Internamente esa crisis fragmentó al organismo, no sólo por la salida de funcionarios de distinto nivel, sino por el ambiente que originó. Las investigaciones avanzan y se espera que los involucrados paguen por sus actos.

Mientras pasaba esa tormenta, la entidad seguía respondiendo las cientos de solicitudes que llegaban a diario y hacia sumas y restas sobre el presupuesto. En septiembre se empezó a hablar de déficit presupuestal y nuevamente hubo cuestionamientos sobre la eficiencia.

Casi como si se tratara de un guión, la entidad salía de un problema para entrar en otro; se habló de desmonte de esquemas, se dijo que la Unidad acabaría e incluso se llegó a pedir la cabeza de Andrés Villamizar.

Él mismo indica que está en el momento más duro, pero dice que, aunque, por supuesto, la situación de corrupción no favorece el presupuesto, tampoco influyó drásticamente en el déficit económico, ya que el monto de lo perdido por malversaciones es cien veces menor al faltante. “No se debe perder la credibilidad ante un organismo que denuncia la corrupción que existe en su misma entidad”, ha repetido insistentemente el director de la UNP.

Aunque parece imposible no relacionar los hechos, la real crisis económica tiene que ver con el crecimiento del programa, que en su historia ha ejecutado un billón de pesos, al paso que se ha incrementado el número de protegidos y por supuesto sus esquemas. Al inicio existían 900 escoltas y hoy hay alrededor de 3100 hombres y mujeres prestando este servicio.

Otro de los temas que contribuyó a elevar los gastos de la entidad fue el Plan Democracia, la estrategia diseñada por el Gobierno para la protección de los candidatos de las campañas políticas que se desarrollaron en el transcurso de este año (a Congreso y a Presidencia), que costó cinco mil millones de pesos. La Ley de Víctimas también infló los gastos, ya que es deber de este programa de protección velar por la vida de las víctimas del conflicto que se encuentren amenazadas.

La ironía está en que la falta de dinero llegó a afectar los bolsillos de quienes se encargan a diario de proteger la vida de los beneficiarios del programa. Los escoltas no recibieron su salario durante 40 días y se organizaron mediante sus sindicatos para realizar una protesta que puso en riesgo la vida de los protegidos.

Eso se convirtió en un ultimátum al Ministerio de Hacienda para que girara recursos, o de lo contrario se tendrían que desmontar todos los esquemas. Mauricio Cárdenas, jefe de esa cartera, informó que el dinero ya habría sido entregado a la UNP. En total fueron 30 mil millones que ayudarán a que la entidad sobreviva hasta final de año. Las empresas de inmediato se pusieron al día y los escoltas retornaron a sus trabajos.

Pese a la solución inmediata de esa crisis, las críticas y la presión se mantienen, especialmente por la certeza de que el trabajo no puede parar ni entorpecerse un instante, pues de por medio están las vidas de miles de personas, justamente las que los violentos quieren acabar.

EL FUTURO

Enfrentando la crudeza de su realidad, la Unidad Nacional de Protección anuncia que adelantará un plan para evitar que la crisis financiera se vuelva a presentar. Uno de los mecanismos será incluir a todo el personal escolta a la planta y no volver a contratarlos a través de terceras empresas.

El organismo también está desmontando esquemas de protección que no sean necesarios. Esta acción se realizará con casi 100 protegidos, asegurándose que no afectará a personas que estén en riesgo alto. La mayoría son ministros de gobiernos pasados. En las últimas dos semanas, ya van 35 personas a las que el programa de protección ha dejado de beneficiar, por no presentar riesgo de perder su vida.

La población de servidores públicos es, justamente, la que más demanda gastos en la entidad; alrededor de 4760 funcionarios tienen esquemas de protección y se les brindan servicios como vehículos, escoltas, auxilios de reubicación y apoyos de transporte.

León Valencia, analista político y beneficiario de la UNP, defiende la protección que brinda el Estado, pues cree que se ha convertido en un ejercicio más moderno, organizado y eficiente, pero señala que la crisis se creó por el incremento de la demanda en seguridad y por la corrupción interna.

Valencia señala que estas cosas hay que subsanarlas, pero también dice que la mejor manera de no recargar la entidad con más protegidos es que la justicia funcione adecuadamente: “Hago un llamado a la Fiscalía para que no haya impunidad y no se adicionen muchas personas al programa de protección; este debe ser el último recurso porque lo primero es que se descubra de dónde vienen las amenazas”.

Pone también el ejemplo de recientes presiones a defensores de derechos humanos y dice que ahí lo importante no es reforzar la protección sino analizar el origen de las amenazas.

La Unidad Nacional de Protección se prepara, entonces, para que en 2015 no se presenten problemas de esta índole. El programa continuará funcionando para garantizar que todas las personas amenazadas en el país estén protegidas. Pero su reto no es únicamente recuperar la credibilidad, sino también evitar la repetición de una crisis que puso en duda su eficacia. 

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