La autoridad migratoria colombiana continúa en el ojo del huracán, luego de que se confirmara la expulsión del territorio nacional de Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, dos estudiantes y líderes opositores venezolanos que residían en el país bajo un permiso especial.
Aunque los jóvenes permanecían en Colombia con fines académicos, más de una vez tuvieron que ser detenidos por las autoridades colombianas, al verse involucrados en manifestaciones de tinte político, sobre todo relacionadas con el uribismo.
Y aunque algunos sectores consideran que el Gobierno debió respetar sus denuncias a la situación que afronta Venezuela, otros consideran que su deportación fue una orden directa del presidente Nicolás Maduro, servida en bandeja de plata por el presidente Juan Manuel Santos.
Para el experto en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Juan Ramón Martínez, jurídicamente Colombia, y cualquier Estado, tiene la libertad para el manejo de su política migratoria y del desarrollo de su control frente a la presencia de extranjeros.
“El Estado puede, tanto al momento del ingreso como durante la estadía, establecer los controles que considere para garantizar la permanencia del extranjero en el territorio o su salida tras un eventual riesgo que presente el país”, comentó Martínez.
LA RELACIÓN CON EL URBISMO
En este caso en particular, Migración Colombia aseguró que los jóvenes se encontraban realizando actividades proselitistas, expresamente prohibidas por las normas migratorias de Colombia, que llegaron incluso a la agresión personal contra personajes públicos del país durante un evento político en Cúcuta.
Pero esta no fue la primera vez en la que el país tuvo noticia de Saleh, pues, además de codearse con militantes del Centro Democrático, el venezolano habría hecho parte de la creación de la Alianza Nacionalista por la Libertad, un movimiento relacionado con el grupo colombiano neonazi Tercera Fuerza.
Sergio Bueno, director de Migración Colombia, asegura que este es un procedimiento normal que se cumple en el marco del respeto de los Derechos Humanos y que los jóvenes son apenas dos de los 847 extranjeros que han sido expulsados del país, por desempeñar cierto tipo de actividades para las que no estaban autorizados.
También aclara que los jóvenes tenían un salvoconducto temporal para permanecer en el país, y que pese a declararse víctimas de persecución política, nunca solicitaron asilo político.
“No hay ninguna persecución política en contra de opositores del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Evidencia de esto es que en Colombia se encuentra el señor Pedro Francisco Carmona, quien presentó solicitud de refugio, condición que le fue otorgada desde el año 2002”, comentó el director.
Por su parte, Luisa Gómez, directora de comunicaciones de ‘Operación Libertad’, organización a la que pertenecían Saleh y Valles, asegura que la relación con el uribismo se debe a que es el único movimiento que defiende los derechos humanos en Colombia.
La organización además denuncia que en el momento en el que se hizo efectiva la detención a los jóvenes, éstos contaban con 24 horas más antes de que venciera su permiso de estadía en el país.
Aunque era desconocido el paradero de los opositores, el grupo de activistas confirmó que hasta este lunes pudieron contactarse con su familia, mientras la justicia de ese país les dictó una medida privativa de libertad “por violar régimen de presentación”.
A su turno, parlamentarios del Centro Democrático manifiestan que con esta medida el Gobierno de Santos cumple órdenes del ‘castrochavismo’, entregando jóvenes que han sido víctimas de tortura y persecución en su país de origen.
“Habría que preguntarse si denunciar la dictadura venezolana significa un peligro para la seguridad nacional de Colombia, preguntárselo a la Canciller, si esta va a ser una política generalizada de limpiar, entre comillas, el territorio nacional de opositores venezolanos”, dijo el senador Alfredo Rangel, quien anticipó que citará a la ministra María Ángela Holguín a un debate de control político para tratar este tema.
Este encuentro servirá para que oposición y gobierno se sienten nuevamente en la mesa, esta vez, para discutir si hay o no razones de peso para acusar de 'proselitismo político' a aquellos extranjeros que ingresan al país con la advertencia de respetar la normatividad colombiana.
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