El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, indicó que una de las funciones que cumple el equipo de investigación creado por esa cartera para indagar los supuestos nexos de personal de las Fuerzas Armadas con 'hackers' o tráfico de información, es elevar los controles de Inteligencia y Contrainteligencia y perseguir a quienes vendan o entreguen datos de seguridad nacional de manera deliberada.
El equipo que está encabezado por el Inspector General de las Fuerzas Militares, para controlar las fugas de información. “Siempre ha habido fugas de documentos que se consideran de Inteligencia; algunos son ultrasecretos, otros no lo son tanto. Lo que no es aceptable es que información de Inteligencia sea entregada de manera deliberada, por eso tomé la decisión de crear el equipo de investigaciones para asuntos como los ocurridos con el hacker Andrés Sepúlveda”, dijo Pinzón.
Sobre el caso del jefe negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana (Cuba), Humberto de la Calle Lombana, quien informó a las autoridades de posibles hechos de interceptación a sus comunicaciones, el Ministro de Defensa explicó que la Policía actuó de manera oportuna desde el mismo momento en que el alto Comisionado hizo el requerimiento a la institución.
Al mismo tiempo, calificó como “inaceptable” cualquier tipo de intento relacionado con la interceptación o afectación de comunicaciones privadas de los ciudadanos, y más aún tratándose del jefe del equipo negociador del gobierno colombiano.
“No hay una definición de quién hizo esos intentos ni hasta dónde se alcanzaron a materializar, pero el reporte sí es claro en verificar que probablemente se estaba intentando acceder a las cuentas de correo privadas del doctor De la Calle, para dejar algún tipo de virus y a través de él, tratar de tener algún control remoto de sus comunicaciones”, declaró Pinzón.
HABLA LA DEFENSORÍA
A su vez, la Defensoría del Pueblo pidió que el espionaje ilegal no ponga en riesgo el proceso de paz. Al respecto, el defensor, Jorge Armando Otálora, indicó que estas intervenciones ilegales a las cuentas electrónicas del jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso de paz con las Farc, son un claro intento por sabotear y desestabilizar las conversaciones.
Otálora dijo que es más delicado que sea eventual la participación de servidores públicos en este tipo de actividades, y por tanto “es urgente que los organismos de control actúen para investigar y esclarecer las responsabilidades individuales en esta materia”.
El Defensor recordó que desde el 4 de febrero de este año ha expresado su preocupación frente a los ataques cibernéticos relacionados con el proceso de paz, y dijo que los 17 episodios recientemente denunciados en el caso de Humberto de La Calle demuestran la vulnerabilidad a la que está expuesta la información de los diálogos y el interés de algunos sectores por sabotearlo.
Finalmente, dijo que es deber del Estado asegurar la confianza de las partes, y por tanto las autoridades deben adoptar medidas eficaces para minimizar los riesgos de infiltración, proteger el proceso y garantizar el normal desarrollo de las negociaciones.
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