El Tribunal Superior de Bogotá ratificó este viernes su decisión en el sentido de no dictar medida de aseguramiento en contra de la excontralora general de la República, Sandra Morelli.
Al resolver un recurso de reposición, el Tribunal indicó que esta medida no es necesaria y, en consecuencia, Morelli enfrentará en libertad el proceso penal que se le adelanta por posibles irregularidades en contrataciones.
Según el magistrado Fernando Bolaños, la exfuncionaria no representa un peligro para la sociedad ni una amenaza para obstruir a la justicia. Agregó que tampoco se allegaron los argumentos suficientes para inferir que Morelli Rico afectará la administración de justicia mediante la inasistencia al juicio.
Eso mismo argumentó en audiencia pasada la delegada de la Procuraduría, quien manifestó que "el comportamiento de la doctora Morelli no es de rebeldía frente a la Judicatura, sino de rebeldía frente a su denunciado, el hoy Fiscal General de la Nación, como así lo ha expuesto la excontralora en medios de comunicación. El comportamiento anterior, su trayectoria, sus resultados como Contralora, su condición de madre cabeza de hogar, son aspectos que hacen que la solicitud de medida de aseguramiento no sea necesaria ni mucho menos urgente".
Por su parte, la defensa de la excontralora, encabezada por Álvaro Pérez, cuestionó que la Fiscalía haya tenido en cuenta testimonios de personas que eran contratistas y, al parecer, estaría ahora trabajando en la Fiscalía.
El abogado Pérez indicó que Morelli no tiene la capacidad para afectar al proceso, ni obstruir la justicia, ya que todos los documentos relacionados con dicho arrendamiento ya son públicos. Además, indicó que el hecho que esté en Roma no quiere decir que no vaya a comparecer al proceso.
A Morelli le fueron imputados los delitos de celebración indebida de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, relacionados con los contratos 233 y 234 del 29 de marzo de 2012, suscritos con la firma Proyectos y Desarrollos I.S.A., por valor mensual de más de 2 mil 700 millones de pesos. Esto habría ocasionado un detrimento patrimonial de más de 12 mil millones de pesos.
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