En un comunicado publicado en la página web de la comisión negociadora de paz de las Farc, criticó fuertemente la corrupción del sistema judicial colombiano, con un fuerte énfasis en las altas Cortes.
En voz del negociador Emiro Ropero Suárez alias 'Rubén Zamora', quien tenía su actuar guerrillero en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, las Farc afirman que escándalos como el recientemente desatado que involucra al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, “son especialmente graves, puesto que éste es el tribunal a cargo de la disciplina en la Rama”.
Para las Farc, “la condición más importante para concursar y llegar a las altas cortes no es precisamente las investiduras éticas y morales de los juristas”, sino “la vulnerabilidad al soborno, la mordida y la capacidad de subordinar este poder del Estado a los intereses económicos y políticos de las élites dominantes”.
Según el comunicado, “pocos han dejado notar su estatura moral como magistrados de las altas Cortes” entre los cuales incluyen a Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín quien, como encargado de los procesos de Justicia y Paz, solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representates investigar al ex presidente Álvaro Uribe Vélez por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
De acuerdo con las Farc, esta corrupción es la razón por la cual, según una encuesta reciente realizada por la firma Ipsos – Napoleón Franco, el 72% de los colombianos no creen en el sistema judicial. Por esta razón, instan a promulgar una reforma a la justicia “que la independice de los demás poderes públicos y la depure de la corrupción”.
Para que esto se logre, las Farc dicen que “ese proyecto reformador debe surgir de la academia, de juristas, de trabajadores de la rama judicial, de organizaciones sociales y otros sectores civiles”.
Esto porque, según la guerrilla, “unas Cortes elegidas por el Congreso bajo la égida del ejecutivo, no cuentan con independencia ni solvencia moral para ejercer como árbitro imparcial e investigar y sancionar la comisión de delitos a todos los niveles de las estructuras del Estado”.
El comunicado concluye que lo que se necesita en el país es “una justicia que encarne el sentimiento de paz y de reconciliación de la familia colombiana”.
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